La excarcelación de Boudou se produjo luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Boudou adquirió de forma ilegal, por lo que se considera que la investigación se encuentra cerrada y no puede ser obstaculizada.
Las juezas recordaron en su fallo que «en nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad» durante un proceso penal. «El encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación», manifestaron en su voto en mayoría. Y enviaron un fuerte mensaje: «A la luz de nuestra realidad carcelaria, evitar el uso abusivo de la prisión preventiva debe ser un principio rector de la magistratura.»
«En definitiva, cuando se observa la conducta procesal de Amado Boudou en este y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige, esto es, un riesgo cierto en el caso concreto, fundado en circunstancias objetivas y como única posibilidad de lograr el sometimiento al proceso y la realización de la ley penal sustantiva», indica el texto de la resolución judicial.
Los magistrados acusaron a Boudou de haber adquirido el 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda y luego impulsar su salvataje, mientras era ministro de Economía. El ex funcionario siempre negó la imputación y ratificó dicha postura durante su alegato final. Ante el tribunal, afirmó que «jamás» negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone y señaló que durante el juicio se «invirtió la carga de la prueba».
