La sesión pedida por el juez Claudio Bonadio fracaso al no tener quorum
El Senado no logró quórum para tratar el pedido de allanamiento a la ex presidenta Cristina de Kirchner, debido a la ausencia de dos integrantes del oficialismo, la mayoría del Bloque Justicialista y la totalidad del Frente para la Victoria.
Al momento de iniciar la sesión, sólo había en el recinto 36 legisladores y se necesitan 37 para tener quórum, número que se hubiera alcanzado si el interbloque de Cambiemos, principal interesado en avanzar con el permiso para los allanamientos, hubiera contado con la presencia de Esteban Bullrich, ausente por vacaciones en Europa.
El oficialismo tampoco tuvo sentada en su banca a Miriam Boyadjian, que se ausentó por enfermedad, pero la mayor cantidad de ausencias provino del Bloque Justicialista que comanda Miguel Pichetto, al que le faltaron 16 de sus 24 senadores.
Los únicos miembros de esa bancada que bajaron al recinto fueron Pichetto; Carlos Caserio; Dalmacio Mera; Eduardo Aguilar; Carlos «Camau» Espínola; Mario Pais; Omar Perotti y Rodolfo Urtubey.
El Frente para la Victoria, la bancada que integra Cristina Kirchner, no se presentó en el recinto dado que su estrategia consistía en esperar a que hubiera quórum para bajar y exponer su rechazo al pedido de allanamiento solicitado por el juez Claudio Bonadio.
En cuanto al Interbloque Federal de peronistas díscolos y las bancadas provinciales, concurrieron únicamente la neuquina Lucila Crexell, el santafesino Carlos Ruetemann, la misionera Magdalena Solari, la salteña Cristina Fiore y el porteño Fernando «Pino» Solanas.
Cuando la sesión ya estaba caída, el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, afirmó: «Teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad desde la política y consistía simplemente en cumplir un oficio judicial».
«Los senadores que no están presentes cometen un gran error. Fortalecer al Senado requiere de fuertes gestos», agregó el formoseño.
Por su parte, Pichetto ratificó su postura, compartida por los otros siete legisladores que se presentaron, de aprobar los allanamientos por tratarse de «una medida de prueba que no define ningún rango de responsabilidad» e insistió en el rechazo a un eventual pedido de desafuero.
El Senado no logró juntar los 37 legisladores necesarios para iniciar la sesión.
Los allanamientos a los domicilios que la senadora del Frente para la Victoria (FPV-PJ) tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires fueron solicitados por el juez Claudio Bonadio en la causa que investiga los detalles de los cuadernos del chofer Oscar Centeno sobre el presunto pago de coimas por la obra pública a funcionarios de la gestión kirchnerista.
De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320) el Senado debe votar si autoriza al juez a realizar los allanamientos, una decisión que divide al Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto, del cual depende la aprobación de una iniciativa de este tipo.
• Extinción de dominio
Por otro lado, se iba a tratar también el proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra trabado desde hace más de un año, aunque los tres bloques principales llegarán al recinto con posturas distintas, por lo que el resultado está abierto.
La extinción de dominio es la figura jurídica que permitiría al Estado hacerse con bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas, pero Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria tienen visiones diferentes sobre el contenido y los alcances de la iniciativa.
Hace dos semanas, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, los senadores de esos tres espacios presentaron dictámenes diferentes y el que más firmas obtuvo fue el del PJ, por lo que será el primero en tratarse.
La iniciativa del justicialismo sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que el dictamen de Cambiemos le otorga al fuero civil la potestad de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena.
El dictamen del kirchnerismo, en tanto, plantea que la extinción de dominio debe alcanzar también a los delitos económicos, especialmente cuando se trate de corrupción: el ejemplo característico es el de las coimas, con la idea de que la extinción no se aplique sólo al funcionario que la cobre, sino también a la persona que la pague.
De esta manera, si bien el primer proyecto en ser sometido a votación será el del justicialismo, la redacción final está abierta a posibles modificaciones que unifiquen los criterios de todas las bancadas.
En 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio pero el Senado nunca lo trató porque el Bloque Justicialista consideró que tenía varias falencias y, el año pasado, intentó sin éxito consensuar una serie de modificaciones con Cambiemos, principal impulsor del tema.
Finalmente, este año la bancada que encabeza Miguel Pichetto presentó una iniciativa nueva y reactivó el debate, que culminará este miércoles con la votación de un proyecto que deberá ser girado a la Cámara de Diputados.
