La Provincia de Buenos Aires volvió a reclamarle al Gobierno de Javier Milei el traspaso de corredores viales nacionales para poder hacerse cargo de su administración, mantenimiento y eventual concesión.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó ante el Ministerio de Economía una solicitud formal para que la Provincia asuma las facultades de gestión sobre dos corredores considerados estratégicos: el tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón, entre los kilómetros 13,500 y 62,450, y un sector de la Ruta Nacional 33, entre la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 3.
El pedido se realizó en el marco del Decreto Nacional 253/2026, que habilita a las provincias a solicitar la delegación de competencias para administrar corredores viales nacionales.
La Provincia dice estar dispuesta a hacerse cargo
El planteo bonaerense no se limita a solicitar el traspaso de las rutas. La Provincia manifestó su disposición a asumir las responsabilidades de mantenimiento y gestión, firmar los convenios correspondientes con Vialidad Nacional y presentar un plan integral de intervención sobre los corredores.
También propuso que los procesos de concesión se desarrollen bajo criterios de transparencia, publicidad y concurrencia.
La intención es contar con herramientas para invertir, mantener y mejorar la infraestructura vial sin depender exclusivamente de las decisiones de la administración nacional.
“Hace más de dos años que venimos pidiendo el traspaso”
Katopodis cuestionó el tiempo transcurrido desde los primeros reclamos.
Según recordó, el 29 de mayo de 2024 mantuvo una reunión en la Casa Rosada para solicitar el traspaso de estas obras y corredores.
“No les interesa lo que suceda con 12 millones de bonaerenses que necesitan esa autopista”, sostuvo el ministro, quien volvió a cuestionar las políticas del Gobierno nacional hacia la Provincia.
El reclamo adquiere particular relevancia en el caso de la Autopista Presidente Perón, una obra que lleva años de ejecución y que todavía presenta sectores sin habilitar.
La Provincia sostiene que existen tramos ya construidos que permanecen sin funcionamiento y reclama que Nación reactive las obras pendientes o transfiera la traza para que Buenos Aires pueda completarla y hacerse cargo de su operación.
Una disputa que también es por la obra pública
El conflicto vial se inscribe en una discusión más amplia entre Nación y Provincia sobre quién debe financiar y ejecutar la infraestructura necesaria para el desarrollo bonaerense.
Mientras el Gobierno nacional redujo drásticamente la participación en obras públicas, la Provincia sostiene que el deterioro de rutas y la paralización de proyectos estratégicos terminan afectando directamente a los municipios, al sector productivo y a millones de usuarios.
En ese contexto, Buenos Aires busca hacerse cargo de corredores que considera fundamentales para la producción, el transporte, la logística y la conexión entre distintas localidades.
La Provincia también destacó que el Gobierno nacional ya otorgó un régimen de delegación similar a otras nueve jurisdicciones: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Presidente Perón: una obra estratégica que sigue esperando
La Autopista Presidente Perón tiene especial importancia para el conurbano y el interior bonaerense porque permite conectar distintos corredores y mejorar la circulación de vehículos particulares, transporte de cargas y transporte público.
Sin embargo, sectores de la traza continúan sin operar con normalidad, mientras persisten reclamos por la finalización y habilitación de obras.
Ahora la Provincia vuelve a poner una alternativa sobre la mesa: si Nación no avanza, Buenos Aires quiere asumir la responsabilidad.
La presentación deja además abierta la vía judicial. El Gobierno bonaerense aclaró que el pedido administrativo no implica desistir de las acciones legales iniciadas para exigir que el Estado nacional reactive, termine y habilite los tramos construidos o transfiera integralmente la traza a la Provincia.
En definitiva, el reclamo vuelve a plantear una pregunta que atraviesa buena parte de la discusión sobre infraestructura argentina: si Nación dejó de ejecutar obras estratégicas, ¿debería permitir que las provincias que estén dispuestas a hacerlo puedan asumir su ejecución y mantenimiento?
