A medio siglo del Golpe de Estado en Argentina de 1976, una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Pulsar UBA indica que el 70% de los argentinos está de acuerdo con que el Estado continúe juzgando a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El estudio, realizado en octubre de 2025 sobre 1.136 casos, muestra que el 51% se declara “muy de acuerdo” y el 19% “bastante de acuerdo” con la continuidad de los procesos judiciales. En contrapartida, el 26% manifiesta estar poco o nada de acuerdo.
La investigación también revela que la condena social al régimen militar es mayoritaria pero no unánime. El 61% describe el período como un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos, mientras que el 32% considera que se trató de un gobierno que enfrentó al terrorismo y en el que pudieron haberse producido “excesos”.
Memoria social y fuentes de información
Según el relevamiento, el 71% de los encuestados afirma conocer “mucho” o “algo” sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983, siendo las palabras más asociadas al período “desaparecido”, “represión”, “tortura” y “secuestro”.
La principal fuente de información mencionada es el ámbito educativo: el 44% señala a la escuela o la universidad como el espacio donde adquirió conocimientos sobre la dictadura. Las conversaciones con familiares o amigos aparecen en segundo lugar (30%), mientras que los medios de comunicación son la primera fuente solo para el 10%.
Responsabilidades y valoración histórica
El 63% de los consultados considera que no existieron motivos que justificaran el golpe militar, frente a un 27% que cree que sí los hubo. En cuanto a las responsabilidades, el 39% señala en primer lugar a la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, porcentaje que asciende al 44% en menciones totales.
Asimismo, el 78% sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que el 10% considera que, en determinadas circunstancias, un régimen autoritario podría ser mejor.
Justicia y experiencia personal
El informe destaca que el 30% de los encuestados tiene algún familiar, amigo o conocido que fue desaparecido, detenido o perseguido, lo que influye directamente en la valoración del período. Entre quienes poseen vínculos personales con víctimas, la dictadura es calificada como “muy mala” en mayor proporción y existe una imagen más positiva de los organismos de derechos humanos.
Por último, el estudio señala que el 83% considera poco o nada probable que vuelva a ocurrir una dictadura en el país, aunque advierte una participación limitada en actividades vinculadas a la memoria histórica, ya que el 28% reconoce no haber realizado ninguna acción conmemorativa o de formación sobre el tema.
