“Nos enteramos por un cartel”. Así describieron los trabajadores el modo en que se formalizó el cierre definitivo de una de las plantas más emblemáticas de la industria del neumático en la Argentina. Un aviso colocado en el ingreso comunicó la extinción de todos los contratos laborales y el pago de indemnizaciones dentro de los plazos legales.
La decisión marca el final de más de ocho décadas de trayectoria industrial en un sector que fue estratégico para el desarrollo automotor y metalmecánico. Desde la llegada de Bridgestone en 1932, la producción de neumáticos se convirtió en un engranaje central de la matriz manufacturera nacional, generando empleo calificado y un entramado de proveedores, transportistas y pymes vinculadas.
El antecedente de la salida de Goodyear en 1999 gobierno de Carlos Menem, ya había dejado una señal de alerta sobre la vulnerabilidad del sector en contextos de crisis. Sin embargo, el escenario actual presenta una combinación más profunda de factores estructurales.
Referentes sindicales y ex dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino atribuyen el cierre a un cuadro de “tormenta perfecta”: apertura de importaciones sin mecanismos de administración comercial, desplome del consumo interno, paralización del sector automotor y ausencia de políticas activas de defensa productiva.
En ese marco, cuestionaron con dureza la orientación económica del gobierno encabezado por Javier Milei, al considerar que el esquema de liberalización acelerada y retracción del Estado impacta de lleno sobre la industria nacional. Según ese diagnóstico, la competencia con productos importados en un mercado interno en contracción erosiona márgenes, reduce escala y vuelve inviable sostener plantas de alta inversión fija.
Durante los años de expansión y bajo marcos de previsibilidad, las empresas del sector habían invertido más de 200 millones de dólares por planta en el año 2010, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ampliado líneas de producción y elevado la dotación de personal. Hoy, con caída de ventas y costos financieros elevados, esa capacidad instalada se transforma en estructura ociosa.
El cierre no solo implica la pérdida de empleos directos, sino también un efecto arrastre sobre la cadena de valor: talleres, comercios, logística y proveedores industriales. Analistas advierten que, una vez desmantelada, la infraestructura productiva difícilmente se recupere en el corto plazo.
La pregunta de fondo es si la Argentina está transitando un proceso de reconfiguración estructural de su matriz económica. Para sectores críticos del rumbo oficial, la actual política económica no solo corrige desequilibrios macroeconómicos, sino que acelera un proceso de desindustrialización cuyos costos sociales y productivos podrían ser permanentes.
