En una histórica decisión, el Senado de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación del Castillo de Cañuelas, un emblemático inmueble inaugurado en 1932, que inicialmente funcionó como una planta de huevo deshidratado. A partir de ahora, el edificio, que durante años estuvo en abandono, será incorporado al patrimonio público, lo que garantiza su recuperación y uso social.
La diputada provincial Ayelén Rasquetti, impulsora de la iniciativa, celebró la aprobación en la Cámara Alta, destacando que este paso fortalece la presencia del Estado en la región y permitirá que el edificio se convierta en un Polo Judicial, de Seguridad y Tránsito. El proyecto tiene como objetivo unificar las fiscalías, juzgados y otras dependencias que actualmente funcionan en diferentes puntos, mejorando así el acceso a la Justicia para los habitantes de Cañuelas y localidades cercanas.
El edificio expropiado fue construido a finales de la década del ´20 por el industrial francés Gustave Artaux quien fundó allí la empresa alimenticia Finaco, dedicada a la producción de leche en polvo y huevo en polvo, entre otros productos deshidratados. Luego de una expropiación durante el gobierno de Juan Domingo Perón y posterior licitación durante el gobierno de Arturo Frondizi, el inmueble fue adquirido por el empresario alemán Guillermo Woters, quien creo la planta de fraccionamiento de películas fotográficas y radiográficas Imfasa, que quebró hacia finales de los ´60.
El «Castillo» tiene un origen industrial, pero será recuperado y puesto en valor para un uso completamente distinto, beneficiando a la comunidad con un espacio destinado a servicios esenciales. “Este inmueble es parte de nuestra identidad, y lo que estamos haciendo hoy es devolverle a la comunidad un lugar que durante años estuvo desatendido”, afirmó Rasquetti, quien destacó la importancia de que el edificio se convierta en un espacio que permita un mejor acceso al sistema judicial y mayor presencia del Estado.
Un proceso justo y transparente
La expropiación se lleva a cabo en cumplimiento de la Ley Provincial de Expropiaciones, que garantiza una indemnización justa para los propietarios del inmueble. Para determinar el valor del edificio y asegurar una compensación adecuada, el proceso incluye una instancia administrativa o judicial.
Rasquetti también resaltó que la recuperación de este edificio no solo tiene un valor simbólico para la ciudad, sino que es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de personas y garantizar trámites más ágiles para los vecinos de la región. Además, remarcó que esta iniciativa no solo mejora la infraestructura local, sino que también tiene un impacto regional al potenciar el acceso a la Justicia y a los servicios de seguridad.
Con la sanción de esta expropiación, Cañuelas está dando un paso importante hacia el fortalecimiento de su estructura institucional, contribuyendo al bienestar de la comunidad y asegurando la preservación de uno de sus edificios más emblemáticos.
