El Gobierno nacional evalúa la implementación de un sistema de gestión privada en cinco hospitales bonaerenses que integran la red Samic —administrados en forma conjunta por Nación y Provincia—, mediante un esquema de concesión con financiamiento por cápitas que implicaría que los usuarios deban pagar para acceder a la atención. La iniciativa, aún sin resolución oficial, ya generó rechazo en entidades gremiales del sector salud.
Los hospitales involucrados son el Néstor Kirchner de Cañuelas, el René Favaloro de La Matanza, el Presidente Néstor Kirchner del mismo distrito, el Bicentenario de Esteban Echeverría y el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner de Florencio Varela. Todos forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), un modelo de gestión mixta en el que Nación asume la mayor parte del financiamiento.
Según trascendió, el Ministerio de Salud analiza la adopción de un “modelo español” de administración privada, que buscaría reducir el costo operativo estatal y sostener el funcionamiento de los centros a partir de aportes de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Otra alternativa en carpeta sería la provincialización de los hospitales, aunque esa opción no cuenta por el momento con definiciones políticas.
El debate incluye también el aspecto normativo, ya que cualquier modificación estructural podría requerir una ley del Congreso, dado que los hospitales Samic fueron creados por esa vía. En paralelo, persisten tensiones entre Nación y Provincia por el financiamiento del sistema y por supuestas deudas cruzadas vinculadas a partidas operativas.
Frente a este escenario, el primer rechazo público provino del ámbito sindical. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) advirtió que el esquema en evaluación “amenaza el carácter público, estatal e integral del sistema de salud” y podría comprometer el derecho de la población a una atención “universal, gratuita y de calidad”.
Desde la entidad señalaron que este avance privatizador se enmarca en una política de desfinanciamiento progresivo del sector público, con especial impacto en los hospitales Samic por su fuerte dependencia del presupuesto nacional. “Las consecuencias de estas medidas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los centros de salud”, sostuvo el secretario general de la federación, Pablo Maciel.
Por el momento, no hubo definiciones formales ni anuncios oficiales sobre la medida, pero el tema ya ingresó de lleno en la agenda sanitaria y gremial de la Provincia.
