En un contexto económico marcado por el alza constante de precios y tarifas, el gobierno de Javier Milei tomó una nueva medida que impactará de manera directa en el bolsillo de los consumidores: este lunes, se oficializó un aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. El Decreto 863/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, establece esta actualización que ya genera preocupación entre los ciudadanos.
Como es habitual, las petroleras trasladarán este incremento impositivo directamente a los precios de los combustibles que los consumidores pagarán en las estaciones de servicio. Esto significa que, en las próximas horas, se prevé una nueva suba en los valores del surtidor, afectando tanto a quienes dependen del transporte particular como a los costos logísticos de diversos sectores productivos.
El anuncio llega en un momento delicado para la economía argentina, en el que el aumento de las tarifas de servicios públicos y otros bienes esenciales ya presiona sobre los ingresos de la población. A pesar de las expectativas generadas por el plan de estabilización económica del gobierno, esta medida refuerza la incertidumbre respecto a cómo los argentinos enfrentarán los próximos meses en un escenario de creciente inflación y ajuste fiscal.
La suba entrará en vigencia a partir de mañana.
Se trata de una suba del 1%. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realiza el reajuste sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) e impacta en la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
Los incrementos en el costo de los combustibles son un factor clave en la estructura de precios de toda la economía, lo que podría traducirse en aumentos adicionales en bienes y servicios de primera necesidad. Mientras tanto, el gobierno asegura que estas medidas son necesarias para reducir el déficit fiscal y equilibrar las finanzas públicas, aunque a un alto costo social.
