En un nuevo golpe a la infraestructura y seguridad vial del país, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia de Seguridad Vial. Esta medida, que será oficializada en el Boletín Oficial este martes, se suma a una serie de decisiones que desmantelan funciones claves del Estado.
Manuel Adorni, se permitió anunciar lo que, a su entender, es el fin de la corrupción en la obra pública, argumentando que el cierre de Vialidad Nacional firmaba su «acta de defunción». El gobierno asegura que, con esta decisión, se está erradicando la corrupción, pero lo que realmente se está haciendo es vaciar de contenido uno de los organismos más importantes para el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y la seguridad vial en todo el país.
Vialidad Nacional, con más de 5.000 trabajadores en su estructura, es un pilar para el funcionamiento del transporte en el país. ¿Quién se hará cargo ahora de las rutas? ¿Cómo garantizará el gobierno el mantenimiento de las arterias viales en un país de dimensiones continentales? ¿Qué pasará con los miles de trabajadores que se quedarán sin empleo? Preguntas que el gobierno prefiere evitar.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo un relato de autoelogio, celebrando las decisiones tomadas bajo las facultades delegadas por el Congreso. La desregulación y el ajuste del Estado, según Sturzenegger, son un reflejo del éxito de la administración de Milei, aunque, en la práctica, muchos sectores advierten que estas medidas se asemejan más a una «destrucción del Estado» que a una transformación positiva.
El anuncio, que forma parte de una serie de medidas de ajuste y reestructuración, ha generado un fuerte debate sobre el futuro de los organismos estatales clave para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.
