El fallo del tribunal de apelaciones de Estados Unidos que favoreció a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF continúa generando repercusiones políticas y dejó al descubierto fuertes contradicciones en el discurso del presidente Javier Milei, en medio de un cruce directo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Tras celebrar la decisión judicial como un “logro histórico”, Milei volvió a cuestionar duramente la estatización de la petrolera realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Kicillof como ministro de Economía. En ese marco, lanzó fuertes descalificaciones personales contra el actual mandatario provincial.
Sin embargo, la respuesta de Kicillof no tardó en llegar y apuntó directamente a lo que considera una inconsistencia central: los argumentos que hoy permitieron el fallo favorable son los mismos que el Estado argentino sostuvo desde el momento de la expropiación.
“Mientras el Presidente hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, señaló el gobernador, en referencia a la estrategia jurídica que se viene desarrollando desde años anteriores y que resultó clave para evitar una condena multimillonaria.
El mandatario bonaerense también cuestionó lo que definió como una construcción discursiva sostenida en el tiempo para desacreditar la política energética del kirchnerismo: “Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación”, afirmó, al tiempo que vinculó esas críticas con la defensa de intereses externos.
En términos de fondo, el episodio expone una paradoja política y conceptual: el Gobierno nacional celebra un fallo que resulta favorable para la Argentina, pero cuya base jurídica y política se apoya en una decisión —la expropiación de YPF— que el propio Milei ha criticado de manera sistemática.
Además, el Presidente intentó adjudicar el resultado a su gestión, aunque la defensa estuvo en manos del estudio Sullivan & Cromwell LLP desde 2020, lo que refuerza la idea de continuidad institucional en la estrategia legal del Estado, más allá de los cambios de signo político.
Para Kicillof, incluso, el impacto de aquella decisión excede lo judicial. En su descargo, sostuvo que YPF continúa siendo un actor clave para la economía argentina, y que su rol resulta determinante en un contexto de restricción de divisas. En esa línea, cuestionó la postura histórica del actual oficialismo frente a la empresa.
El fallo, en definitiva, deja dos planos claramente diferenciados: por un lado, un resultado altamente favorable para la Argentina, que evita una erogación millonaria y reafirma la validez de una política energética soberana; por otro, un escenario político atravesado por tensiones y contradicciones, donde el discurso presidencial queda expuesto frente a los hechos.
