Los incendios forestales que afectan a la Patagonia argentina desde fines de 2024 no solo han devastado una extensa superficie de bosque andino —con cifras que superan ampliamente las de temporadas anteriores—, sino que también reavivaron el debate sobre la respuesta del Estado frente a desastres ambientales que se agravan por el cambio climático y la ausencia de políticas integrales. En ese marco, la responsabilidad política del presidente Javier Milei quedó en el centro de las críticas.
Un informe elaborado de manera conjunta por organizaciones ambientalistas y sociales, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, sostiene que los megaincendios no pueden explicarse como fenómenos aislados ni meramente naturales. Por el contrario, advierte que son el resultado de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente ante una crisis climática cada vez más profunda.
El documento, firmado por entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y Greenpeace Argentina, señala que la superficie de bosque afectada se cuadruplicó entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en comparación con el mismo período anterior. De mantenerse las tendencias actuales, alertan, el impacto podría multiplicarse aún más hacia fines de este siglo.
Más fuego, menos prevención
El informe identifica una serie de factores que explican por qué la gestión del fuego ha sido incapaz de contener la magnitud de la crisis:
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Desfinanciamiento y baja ejecución presupuestaria. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismo clave en la prevención y combate de incendios, habría ejecutado menos de una cuarta parte de los recursos asignados durante 2024, pese a tratarse de uno de los años con mayor cantidad de focos ígneos. Para 2026, además, el presupuesto proyectado muestra una caída real cercana al 80% respecto de 2025.
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Reducción de capacidades operativas. A la falta de recursos se suma una disminución en las horas de vuelo de aviones y helicópteros destinados al combate del fuego, así como una merma en la elaboración de informes técnicos fundamentales para los sistemas de alerta temprana.
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Déficit de políticas preventivas. Las organizaciones cuestionan la ausencia de estrategias de mitigación y prevención, como la regulación de plantaciones forestales de especies exóticas altamente inflamables —entre ellas los pinos—, la planificación territorial y el desarrollo de campañas sistemáticas de educación y reducción de riesgos.
Una respuesta tardía y limitada
En medio de las críticas y con incendios aún activos en zonas de Chubut, Río Negro y otras provincias, el presidente Javier Milei realizó su primer pronunciamiento público sobre la situación, replicando un comunicado oficial que detalla el despliegue de recursos humanos y materiales para combatir el fuego. El mensaje llegó luego de varios días de silencio institucional y cuando las condiciones meteorológicas ofrecían una mejora temporal, aunque frágil.
El comunicado oficial destaca que 22 de los 32 incendios registrados se encuentran extinguidos y enumera la intervención de distintos organismos nacionales, fuerzas de seguridad y aportes de empresas privadas. Sin embargo, el eje del mensaje está puesto en la respuesta reactiva, sin anunciar modificaciones estructurales que permitan evitar catástrofes similares en el futuro.
Un video viral que reaviva la polémica
En paralelo al avance de los incendios y al debate por la respuesta estatal, un video del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a circular masivamente en redes sociales durante los últimos días y se convirtió en tendencia nacional. El material fue resignificado por usuarios que lo vincularon directamente con la actual crisis ambiental que atraviesa la Patagonia.
En el fragmento viralizado, Adorni realiza anuncios y comentarios vinculados a políticas de uso del suelo y normativas ambientales, con especial referencia a la Ley de Manejo del Fuego. Se trata de una norma vigente desde 2012, que fue modificada en 2020 para establecer restricciones estrictas al cambio de uso de tierras que hayan sido afectadas por incendios forestales, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y la degradación ambiental posterior al fuego.
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La difusión del video cobró nueva relevancia luego de que el Gobierno nacional anunciara su intención de derogar la modificación incorporada en 2020, una decisión que generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, especialistas y amplios sectores de la opinión pública. En redes sociales, numerosos usuarios señalaron que una eventual flexibilización de la normativa podría incentivar prácticas que agravan el riesgo de incendios intencionales, en un contexto climático cada vez más extremo.
La viralización del video no solo reavivó el debate sobre la Ley de Manejo del Fuego, sino que también reforzó las críticas hacia el enfoque del Gobierno nacional en materia ambiental, al considerar que las señales políticas enviadas van en sentido contrario a la prevención y al cuidado de los ecosistemas más vulnerables del país.
Crisis climática y responsabilidades estructurales
Más allá de la coyuntura, las organizaciones firmantes subrayan que estos incendios deben ser interpretados como parte de la crisis climática global. Sequías prolongadas, olas de calor más frecuentes, vientos intensos y condiciones extremas que favorecen la propagación del fuego no son hechos inevitables, sino consecuencias de tendencias climáticas agravadas por las emisiones de gases de efecto invernadero.
La falta de políticas públicas robustas que integren prevención, planificación territorial, manejo sostenible de bosques y suelos, y estrategias de mitigación climática evidencia que Argentina continúa abordando los incendios como emergencias aisladas, en lugar de anticiparse a las causas estructurales que los vuelven cada vez más frecuentes y destructivos.
