La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el último intento legal de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para evitar adecuarse a las exigencias del Código Alimentario Argentino. Con esta decisión, quedó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 microgramos por litro de arsénico, el límite permitido a nivel nacional.
La causa se originó hace más de diez años, cuando un grupo de vecinos y vecinas de Chivilcoy presentó un amparo para exigir el acceso a agua libre de contaminación. ABSA había intentado justificar los valores detectados en base a una normativa provincial desactualizada, que toleraba hasta cinco veces más arsénico que lo estipulado por la legislación nacional.
La justicia ya había fallado a favor de la comunidad en las dos instancias anteriores. Ahora, con la desestimación del recurso de queja presentado por la empresa, la sentencia adquiere carácter definitivo. Entre otras obligaciones, ABSA deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar la calidad del servicio con urgencia.
El fallo también exige al Organismo de Control del Agua (OCABA) implementar controles bimestrales y brindar información transparente sobre los niveles de arsénico. La decisión representa un hito no solo para Chivilcoy, sino para toda la provincia de Buenos Aires, al reforzar la primacía del derecho humano al agua por encima de criterios administrativos o económicos.
Durante el proceso judicial, se incorporaron informes clave de organismos como la OMS, el CONICET, la Facultad de Bioquímica de la UBA y el Hospital de Niños de La Plata. Todos coincidieron en que los niveles que la empresa intentaba sostener resultan peligrosos para la salud, especialmente en niños.
En paralelo, el Mapa del Arsénico en Argentina que elabora el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló que General Las Heras se encuentra en una zona de precaución, con niveles de entre 10 y 50 microgramos por litro, lo que refuerza la urgencia de aplicar controles más rigurosos en toda la región.
