La Hidrovía del Paraná vuelve a manos privadas: Jan De Nul obtuvo la concesión por 25 años y crece el debate ambiental

El Gobierno nacional adjudicó la administración del corredor estratégico. La concesión incluye dragado, mantenimiento, cobro de peajes y obras de profundización. Especialistas advierten sobre la falta de estudios ambientales actualizados.

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El Gobierno nacional confirmó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que tendrán a su cargo la administración del corredor navegable durante los próximos 25 años.

La resolución, impulsada por el Ministerio de Economía, establece que el nuevo operador será responsable del mantenimiento, señalización, dragado, cobro de peajes e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación en una vía clave para el comercio exterior argentino.

La Hidrovía representa uno de los principales canales de salida de las exportaciones nacionales, especialmente de granos y derivados, y conecta zonas productivas de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay con el océano Atlántico.

Desde el Gobierno destacaron que el nuevo esquema permitirá avanzar hacia una vía navegable “más moderna”, con obras de profundización que permitirían mejorar la circulación de buques de mayor porte y reducir costos logísticos.

Sin embargo, la medida también abrió cuestionamientos desde sectores ambientales y sociales. El abogado especialista en Derecho Ambiental Enzo Culasso señaló que la nueva concesión genera preocupación por el impacto sobre los ecosistemas y cuestionó que no exista, según su planteo, un estudio ambiental actualizado previo a las obras de profundización.

“Quieren fabricar una autopista en el río y no hay un estudio actualizado que informe las consecuencias que puede traer a la población”, sostuvo Culasso, quien además remarcó la importancia del rol de las provincias y las comunidades vinculadas a la cuenca.

El especialista también advirtió sobre los efectos que podrían generarse en un sistema natural que viene atravesando cambios importantes, entre ellos períodos de bajante histórica del río.

La nueva concesión vuelve a poner a Jan De Nul al frente de la operación de la Hidrovía, una empresa que ya había participado del manejo del corredor durante décadas anteriores. Tras la finalización del contrato en 2021, la administración había quedado temporalmente bajo control estatal.

Además, detrás de la licitación aparece una fuerte disputa geopolítica. Distintas versiones señalan que Estados Unidos busca incrementar su influencia sobre la Vía Navegable Troncal para limitar la participación de empresas chinas en infraestructura estratégica de la región. Esta disputa geopolítica se ha materializado en el proceso de licitación de la ruta fluvial y abarca los siguientes puntos clave:
  • Adjudicación sin China: El consorcio preadjudicado para operar la Hidrovía (formado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus) excluyó cualquier tipo de financiamiento o participación china para asegurar la concesión.1, 2]
  • Tecnología estadounidense: Para ganar el respaldo de Washington y la sintonía con el Gobierno argentino, el consorcio implementará el sistema norteamericano SIMON para el monitoreo y la ciberseguridad. Esto permitirá tener un seguimiento permanente de los barcos, sus cargas y el destino final de las exportaciones. 
  • Control de exportaciones: Alrededor del 80% de las exportaciones argentinas (especialmente soja y granos con destino a China) transitan por esta vía. Estados Unidos busca asegurar la trazabilidad de esta cadena de suministros y evitar la expansión de infraestructura crítica operada por empresas estatales chinas en Sudamérica. 1, 2, 3, 4]

El proceso licitatorio también estuvo acompañado por cuestionamientos y pedidos de mayor transparencia por parte de algunos sectores, mientras que desde el Gobierno defendieron la adjudicación y aseguraron que permitirá mejorar la infraestructura, aumentar la competitividad y fortalecer la seguridad del transporte fluvial.

La discusión ahora se centra en el equilibrio entre desarrollo económico, comercio exterior y protección ambiental de uno de los sistemas fluviales más importantes de Sudamérica.

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