La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley un proyecto que autoriza a los 135 municipios bonaerenses a reasignar, durante un plazo de seis meses, fondos coparticipados provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural para ejecutar obras de drenaje pluvial y otras intervenciones vinculadas con la infraestructura hídrica.
La iniciativa, impulsada por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas y acompañada por su compañera de bancada Silvana Ventura, busca brindarles a los gobiernos municipales mayor margen de acción frente a posibles lluvias intensas e inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño.
La nueva normativa permite destinar hasta el 100% de los recursos transferidos a los municipios para el mantenimiento de la red vial rural a trabajos como el drenaje pluvial, el dragado de canales, la reparación de alcantarillas y la adquisición de equipamiento hídrico.
La medida tendrá carácter optativo: cada municipio podrá decidir si utiliza los fondos para estas intervenciones o si mantiene su destino original, vinculado con los caminos rurales.
Qué cambia con la nueva ley
Hasta ahora, los recursos correspondientes al mantenimiento de la red vial rural tenían un destino específico. Con la aprobación de esta iniciativa, los municipios contarán con la posibilidad de utilizar esos fondos para atender otras necesidades relacionadas con el manejo del agua y la prevención de anegamientos.
El objetivo es facilitar la ejecución de obras consideradas prioritarias ante la posibilidad de precipitaciones intensas, sin obligar a los intendentes a modificar el destino de los recursos.
La discusión adquiere relevancia para los distritos con extensas redes de caminos rurales, canales y alcantarillas, donde las lluvias pueden afectar tanto la circulación como la producción agropecuaria y el acceso a servicios.
El debate por los recursos para infraestructura hídrica
Durante el tratamiento legislativo, el diputado peronista y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, respaldó la iniciativa y planteó la necesidad de que el Gobierno nacional destine los recursos del Fondo Hídrico a los proyectos que requieren los municipios.
Por su parte, Vargas sostuvo que la flexibilización permitirá a los intendentes responder con mayor rapidez a las necesidades de sus distritos, especialmente ante el riesgo de inundaciones y los daños que pueden sufrir los caminos rurales.
El legislador también señaló que la posibilidad de reasignar fondos busca evitar que los municipios queden limitados a reparar caminos cuando existen problemas urgentes en los sistemas de drenaje y la red de canales.
Qué implica para General Las Heras
Para General Las Heras, la nueva ley abre la posibilidad de evaluar el uso de estos recursos en función de las necesidades locales, especialmente en materia de mantenimiento de caminos rurales, drenaje y prevención de anegamientos.
Sin embargo, la norma no obliga al municipio a modificar el destino de los fondos. La decisión dependerá de las prioridades que establezca el gobierno local y de las obras que considere necesarias dentro del plazo de vigencia de la autorización.
El desafío será determinar qué intervenciones requieren atención prioritaria y cómo equilibrar las necesidades de la infraestructura vial rural con las obras hídricas que puedan resultar necesarias ante eventuales lluvias intensas.
La posibilidad de reasignar recursos representa una herramienta adicional para los municipios, aunque su impacto concreto dependerá de las decisiones de cada distrito y de la ejecución efectiva de las obras.
