Con amplio respaldo legislativo, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de ley que promueve una campaña de concientización sobre los efectos nocivos del uso excesivo de pantallas en niños y niñas de hasta 12 años. La norma busca abordar una problemática creciente en el ámbito educativo: la distracción y los impactos negativos en el desarrollo infantil vinculados al uso desmedido de dispositivos electrónicos.
La iniciativa fue presentada por el senador Emmanuel Santalla (kirchnerismo) y la senadora Lorena Mandagarán (GEN), y apunta a mejorar la calidad del aprendizaje, proteger la capacidad de atención de los estudiantes y fomentar un uso más equilibrado de la tecnología desde los primeros años.
“Con esta ley damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias. No se trata de prohibir la tecnología, sino de usarla con sentido pedagógico, como herramienta y no como distracción”, destacó Santalla tras la aprobación.
La preocupación se apoya en datos concretos. Según el último informe PISA 2024, Argentina encabeza el ranking de distracción escolar por uso de celulares: más del 50% de los estudiantes de 15 años reconoce perder concentración en clase por su propio dispositivo o el de sus compañeros. A nivel provincial, el 54% de los alumnos admite distraerse durante la jornada escolar, lo que incide directamente en su desempeño académico y desarrollo emocional.
A su vez, el Operativo Aprender 2024 reveló que más de la mitad de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico en Matemática, lo que para los autores del proyecto refuerza la urgencia de reducir estímulos que afectan la atención y fortalecer las condiciones de enseñanza en el aula.
Sin embargo, la sanción de la norma reavivó un viejo contrapunto dentro del oficialismo. El director general de Escuelas del gobernador Axel Kicillof, Alberto Sileoni, había expresado públicamente su rechazo cuando la medida se aplicó en CABA tiempo atrás.
El ministro advirtió entonces que imponer restricciones rígidas podía ser contraproducente al limitar oportunidades pedagógicas. “En 2006 tuvimos esa norma en la Provincia y no funcionó”, dijo en aquel momento.
Escuelas secundarias
Por otra parte, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense emitió en el mes de julio de este año un despacho favorable al proyecto de ley del legislador Martín Rozas (Unión Renovación y Fe), el cual plantea limitar el uso de celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de las escuelas secundarias de gestión estatal y privada en la Provincia. El cuerpo parlamentario aprobó la iniciativa con un amplio apoyo del oficialismo provincial. No obstante, desde el radicalismo, adujeron que ya existe una normativa que regula el uso de dispositivos móviles en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto presentado por el diputado Rozas establece que los alumnos de nivel secundario sólo podrán utilizar los celulares cuando sea parte de un proyecto pedagógico que fundamente su uso; cuando esté autorizado por las autoridades del establecimiento; cuando esté expresamente incluido en el Diseño Curricular; y cuando esté explicitado en la planificación de contenidos de la asignatura. No obstante, no ahonda en otros dispositivos ni en otros niveles educativos.
El proyecto se fundamenta en datos concretos y asegura que “docentes y padres coinciden en que en muchos casos, el uso del celular en clase dificulta la atención y la participación activa; además, promueve conductas indeseadas tales como el ciberbullying”. De igual modo, señala que “fragmenta la atención, reduce la capacidad de concentración, dificultando la adquisición de conocimientos”.
