Los diputados nacionales Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto a otros 20 legisladores de diversas fuerzas, presentaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales para regular la aplicación de fitosanitarios en toda la Argentina. La iniciativa, que aborda un tema históricamente sensible en la relación entre el campo y la ciudad, fue elaborada en colaboración con la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que agrupa a más de 80 instituciones del sector agropecuario.
El objetivo central del texto es “compatibilizar la actividad agrícola con la tutela de la salud y el ambiente”, asegurando un marco regulatorio uniforme y de referencia para todo el país, que ponga fin a la «incertidumbre, regulaciones locales dispares y desconfianza social» generadas por la falta de una ley nacional específica, según señalaron desde la Red BPA.
La apuesta por la Trazabilidad y Seguridad
El núcleo de la propuesta es la implementación obligatoria de Buenas Prácticas de Aplicación (BPA), buscando elevar los estándares de seguridad y trazabilidad. Esto implica:
- Receta Profesional: Toda aplicación deberá realizarse bajo receta de un profesional matriculado.
- Equipos y Condiciones: Las tareas deberán hacerse con equipos registrados y en condiciones meteorológicas adecuadas, reduciendo el riesgo de deriva.
- Insumos Autorizados: Solo se podrán usar productos autorizados por el SENASA, conforme a sus marbetes.
- Capacitación: Se establece un sistema nacional de capacitación obligatoria y periódica para todos los involucrados.
El proyecto, que cuenta con el impulso adicional de Benedetti como presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, no solo busca responder a las demandas sociales, sino que también es una «apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible», enfatizó el diputado.
Zonas sensibles y distancias mínimas
Para ordenar de forma objetiva el uso de fitosanitarios, el texto introduce la noción de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento. Estas categorías territoriales permiten regular las prácticas según su cercanía con:
- Poblaciones
- Escuelas rurales
- Centros de salud
- Áreas de valor ambiental y cultural
A modo de ejemplo, se establecen distancias mínimas desde las zonas sensibles de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.
La iniciativa establece protecciones mínimas que regirán en todo el territorio, respetando la potestad de las provincias para incrementar esa protección según sus particularidades locales y geografía.
Red BPA: «No es Prohibicionista»
Desde la Red BPA destacaron que la propuesta se basa en un amplio consenso entre el sector productivo, académico y social. Además, aclararon que la ley «no es prohibicionista, sino que reconoce la necesidad de los fitosanitarios para la productividad, pero exige reglas modernas y seguras«.
Según la entidad, los puntos claves del proyecto son la definición de responsabilidades claras para todos los actores, la implementación de un régimen sancionatorio para garantizar el cumplimiento de la norma y la obligatoriedad de implementar programas de monitoreo ambiental, epidemiológico y de residuos en alimentos, con información pública.
De esta manera, la iniciativa busca «dar garantías a las comunidades rurales y urbanas, proteger la salud de quienes trabajan en la aplicación de estos insumos, y fortalecer la sostenibilidad de la producción en su conjunto». Ahora, el proyecto comenzará su camino legislativo en la Cámara de Diputados.
