En el marco del envión electoral, el Gobierno nacional de Javier Milei decidió avanzar con una medida que ya estaba anticipada: la liberalización de las tarifas de los servicios públicos. A partir de noviembre, los usuarios de gas, electricidad, agua y combustibles enfrentarán un incremento de hasta el 3,8% en sus facturas, una decisión tomada por el ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, que oficializa el fin de la política de subas mensuales inferiores al 2% que se mantuvo en el último trimestre con el objetivo de contener la inflación antes de las elecciones nacionales.
Ajuste en el gas y subsidios diferenciados
La resolución 433 de la Secretaría de Energía, junto a las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), oficializan un aumento de casi el 4% en el gas, lo que impactará directamente en el costo de vida de los hogares. Sin embargo, zonas frías como la Patagonia y otras regiones de difícil acceso, como la Puna y Malargüe (Mendoza), seguirán recibiendo beneficios en forma de bonificaciones que oscilan entre el 30% y 50%. Estas bonificaciones están destinadas a compensar los rigores climáticos que enfrentan los usuarios de estas áreas, quienes atraviesan temperaturas extremas durante gran parte del año.
Aumento de impuestos sobre los combustibles
En paralelo, el Gobierno también implementó un ajuste impositivo sobre los combustibles, lo que se traduce en un incremento de entre 1% y 1,5% en los precios de la nafta y el gasoil, comenzando el sábado 1° de noviembre. Este ajuste, sumado a los aumentos previos, podría tener un efecto de arrastre sobre otros productos, ya que la subida de los costos del transporte afectará principalmente a las PyMEs y comercios locales, incrementando el precio final de muchos productos esenciales.
Vale mencionar que, en las próximas semanas, se espera que el Ejecutivo nacional de a conocer las actualizaciones en las tarifas de colectivos y trenes que tienen jurisdicción a nivel nacional.
Aumento en agua y cloacas
En cuanto a los servicios de agua y cloacas, gestionados por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el aumento será de 1% para noviembre, siguiendo la misma tendencia iniciada en 2025. Aunque parece un incremento moderado, la acumulación de subas en diversos sectores está llevando a una presión generalizada sobre los costos de los servicios básicos.
Presión sobre la inflación
Estos aumentos en los servicios públicos contribuirán a una nueva presión inflacionaria. Según estimaciones privadas, la inflación de octubre habría superado el 2,3%, mientras que en noviembre se proyecta que alcance el 2,5%, en gran parte debido a los ajustes en las tarifas reguladas y los servicios esenciales. Este aumento podría tener un efecto de arrastre sobre otros productos y sectores de la economía, como el transporte, la salud y la vivienda.
Ajuste sobre tarifas y subsidios
Una de las medidas clave dentro de este ajuste es el incremento en el recargo sobre el gas para aquellos usuarios que no se benefician de los subsidios en zonas frías. Según la resolución 1698, se permitirá una suba de hasta 7,2% en el precio del gas, con el objetivo de financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, lo que podría resultar en un aumento adicional para los hogares fuera de las zonas protegidas por los subsidios.
Desafíos fiscales y económicos
El Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar sus objetivos fiscales con la necesidad de reducir subsidios y revisar los regímenes tarifarios, todo mientras intenta evitar un impacto aún mayor en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Especialistas advierten que el retiro gradual de subsidios, si bien está orientado a mejorar las finanzas del Estado, tendrá un impacto directo sobre el bolsillo de los argentinos, quienes ya enfrentan una alta inflación.
