Este fin de semana largo, el senador José Mayans se mantuvo en constante comunicación telefónica desde Formosa, buscando desesperadamente los dos tercios en el Senado para proteger Nucleoeléctrica, la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, de la privatización promovida por el gobierno a través del Decreto 695/25.
La controversia se intensificó con el reciente anuncio de OpenAI, que prometió invertir 25 mil millones de dólares en la Patagonia para establecer un centro de datos en el marco de su proyecto Stargate. Este ambicioso plan generará enormes demandas de agua potable y energía, lo que motiva al gobierno de Javier Milei a abrir Nucleoeléctrica al capital privado para abastecer el proyecto, en colaboración con la empresa Sur Energy.
Sin embargo, Sur Energy es una compañía casi desconocida, sin presencia significativa en el mercado, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del acuerdo y las intenciones del gobierno. Sam Altman, CEO de OpenAI, hizo el anuncio en un video algo improvisado, donde mencionó su asociación con Sur Energy sin especificar detalles concretos sobre la inversión ni la fecha del proyecto.
Con una fecha límite crítica antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Mayans intentará asegurar los dos tercios en la sesión del próximo jueves para impedir la privatización de las centrales nucleares. La bancada peronista tiene 41 voluntades aseguradas, pero aún le faltan 6 votos para alcanzar el objetivo, con la esperanza de que los senadores de la UCR, como Eduardo Vischi, se sumen al proyecto de Mayans.
El clima político en el Senado está tenso, con el gobierno de Milei buscando recuperar influencia en la Cámara Alta a través de sus aliados, incluidos Carlos «Camau» Espínola y Juan Carlos Romero, quienes podrían intentar retrasar el proceso legislativo. Vischi, por su parte, ha manifestado dudas sobre el procedimiento, alegando que el peronismo intentó forzar el debate sin el debido consenso.
El peronismo confía en poder obtener una mayoría simple para modificar la Ley 26122 sobre los decretos, con la esperanza de frenar la privatización sin depender de los dos tercios. Sin embargo, la batalla se prevé dura, ya que el tiempo apremia y las divisiones internas podrían ser un obstáculo adicional.
Fuente: lapoliticaonline
