Este sábado se confirmó que el presidente Javier Milei firmó finalmente los vetos a las leyes votadas en el Congreso que establecían mejoras en los haberes de jubilados y beneficios para personas con discapacidad. Las resoluciones serán publicadas en el Boletín Oficial este lunes, cumpliendo así con los plazos legales establecidos.
Aunque ambas normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo optó por demorar la firma de los vetos como parte de una estrategia política: evitar que el tema regresara de inmediato a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo reconoce que podría sufrir una derrota si se alcanzan los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial.
Con los vetos ya firmados, ahora la oposición tiene la posibilidad de insistir con su sanción original, aunque fuentes legislativas confirmaron que eso no sucederá en la sesión del próximo miércoles, recientemente convocada. La Casa Rosada, por su parte, redobla esfuerzos para sostener la decisión presidencial.
El oficialismo se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados. En busca de blindar los votos necesarios, el Gobierno ofrece Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y plantea acuerdos específicos de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
La decisión de vetar beneficios para sectores vulnerables contrasta con el respaldo económico otorgado a grupos de poder económico, especialmente del agro, lo que generó cuestionamientos tanto dentro como fuera del Congreso. La frase que circula en los pasillos opositores resume el malestar: “No hay plata para los jubilados, sí para los dueños del campo”.
Con este movimiento, Milei reafirma su línea dura de ajuste, pero se expone a nuevos focos de conflicto político y social en un contexto económico que continúa generando tensiones en todo el país.
Los proyectos vetados
Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.
Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.
