El presidente Javier Milei volvió a empuñar la motosierra. Esta vez, para vetar dos leyes aprobadas por amplias mayorías en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Pediatría, dejando en evidencia que la autocrítica prometida tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires quedó en el olvido. Veto tras veto, el Gobierno profundiza la crisis política y educativa con nuevas decisiones unilaterales.
El discurso del diálogo duró poco. En paralelo a los intentos de recomponer vínculos con los 24 gobernadores, el Ejecutivo ya prepara un nuevo veto a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aprobada con el aval de todos los mandatarios provinciales. La estrategia de seducción para sostener gobernabilidad parece chocar, una y otra vez, con la decisión de sostener el enfrentamiento.
No es la primera vez que el Gobierno rechaza una norma vinculada al financiamiento de las universidades. Ya lo había hecho en una ocasión anterior, y esta segunda negativa reavivó el conflicto con todo el sistema educativo. Ante este nuevo escenario, el Congreso se prepara para insistir con la sanción de la ley vetada, en una sesión que estará acompañada por la Tercera Marcha Federal, impulsada por estudiantes, gremios y rectores, que anticipan una movilización masiva.
En ese marco, los gremios docentes universitarios anunciaron un paro nacional de 24 horas para el viernes 12 de septiembre, día previsto para el tratamiento legislativo. La medida fue convocada por FEDUN, CTERA, FAGDUT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA, y afectará el funcionamiento de todas las universidades públicas del país.
“La decisión busca rechazar el veto presidencial y denunciar la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las casas de estudio”, señalaron desde FEDUN en un comunicado, en el que advirtieron sobre déficits presupuestarios, deterioro de las condiciones laborales y el riesgo de colapso del sistema universitario.
En un clima de creciente tensión, el gesto del Gobierno de sentarse en una mesa federal con los gobernadores quedó neutralizado por el uso reiterado del veto presidencial como herramienta política. En el Boletín Oficial, el Ejecutivo argumentó que la ley universitaria no identifica fuentes de financiamiento. Sin embargo, el proyecto aprobado contempla readecuaciones presupuestarias, que para el oficialismo son “insuficientes e inviables”.
En este contexto, el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario se profundiza, y el malestar social vuelve a traducirse en las calles. Con una economía en crisis, la educación pública y la salud infantil quedan otra vez fuera de las prioridades del Poder Ejecutivo.
