El Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia el pasado 20 de enero mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que depende del Ministerio de Economía. La medida, adoptada en plena temporada alta de cruceros, implicó el desplazamiento de las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego y el traspaso total del control operativo de la terminal portuaria al Estado nacional.
A menos de una semana de la intervención, un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, hecho que profundizó la controversia política y alimentó especulaciones sobre posibles intereses estratégicos en el extremo sur del país. Si bien desde Nación se aclaró que la intervención es de carácter “administrativo” y vinculada a “infraestructura”, en la práctica significó que la ANPyN asumiera la conducción completa del principal puerto fueguino.
Aunque no se designó formalmente un interventor, esa función quedó en manos del sindicalista Juan Avellaneda, referente de la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) en Tierra del Fuego, quien además fue el denunciante ante la ANPyN. Avellaneda actúa como nexo con el titular del organismo nacional, Iñaki Arreseygor, y la operatividad del puerto quedó a cargo de un reducido grupo de empleados del ente nacional.
Según la ANPyN, la intervención se basó en una auditoría realizada en octubre de 2025 que detectó fallas estructurales y de seguridad, falta de inversiones y el presunto desvío de fondos portuarios hacia fines ajenos a la actividad. El punto de quiebre fue la sanción de la Ley provincial 1.596, aprobada en julio de 2025, que habilitaba el uso de fondos del puerto para cubrir el déficit de la obra social estatal (Osef), aunque dicha norma fue cuestionada y nunca llegó a aplicarse.
Desde el Gobierno provincial rechazan de plano los argumentos nacionales. El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, aseguró que jamás se giraron recursos del puerto a la obra social y reconoció únicamente un préstamo de $4.200 millones al Gobierno fueguino para obras sanitarias, entre ellas la finalización de un hospital y la compra de equipamiento, con devolución en cuotas, intereses y garantía bancaria. Para la administración de Gustavo Melella, la intervención constituye un “avasallamiento” de las autonomías provinciales y una violación del federalismo.
Murcia también subrayó que la terminal funciona con normalidad y que la intervención se produce cuando ya se atendió a la mitad de las más de 540 recaladas de cruceros previstas hasta abril, en su mayoría vinculadas a la actividad antártica, que concentra el 90% del tráfico hacia ese continente.
El puerto de Ushuaia es considerado estratégico para el desarrollo económico de Tierra del Fuego y para la logística antártica. Maneja un presupuesto anual cercano a los $22.000 millones y recibe casi 700 embarcaciones por año, entre cruceros turísticos, buques de carga y pesqueros. Solo en 2024, pasaron por la terminal más de 232.000 personas, entre tripulantes y pasajeros.
Una comitiva oficial de 23 personas, entre ellas 7 miembros de la Cámara de Representantes de los EE.UU. (pertenecientes al comité de Energía y Comercio) aterrizó en Ushuaia el domingo 25 de enero. El grupo llegó en un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea norteamericana, que partió desde la Base Andrews, cerca de Washington.
Los congresistas y sus acompañantes, familiares, asesores y 4 integrantes de la Embajada estadounidense en Argentina visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego y el lunes 26 participaron de un evento con autoridades y científicos locales.
En este contexto, la llegada de una comitiva oficial estadounidense integrada por legisladores y funcionarios reavivó las tensiones. El gobernador Melella, en declaraciones a radio con vos, fue contundente: “Es una cuestión geopolítica de entrega o es un negociado”, afirmó, al tiempo que agregó: “Prefiero creer que el presidente Milei no está en esto”.
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Aunque no existe evidencia concreta que vincule la intervención del puerto con la presencia de Estados Unidos, el fuerte alineamiento internacional del Gobierno nacional, las visitas del Comando Sur y el interés norteamericano en el Polo Logístico Antártico mantienen abierto un debate que excede lo administrativo y coloca al puerto de Ushuaia en el centro de una disputa política, económica y estratégica de alcance nacional.
