Cada vez que la Policía realiza un allanamiento o detiene a una persona, suele cubrir el rostro del aprehendido o distorsionar su imagen en fotos y videos. Aunque algunos sectores de la sociedad reclaman que los sospechosos deberían ser «expuestos públicamente», esta práctica no es un capricho, sino una acción fundamentada en principios legales y judiciales esenciales para garantizar un debido proceso.
Uno de los pilares de esta medida es el principio de inocencia, consagrado en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este principio establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un juicio justo y con todas las garantías procesales. Por eso, hasta que no exista una sentencia firme, el Estado no puede exhibir públicamente como culpable a una persona solo por estar detenida o sospechada.
Por otro lado, existe una razón de orden práctico que impacta directamente en el desarrollo de las causas judiciales: no arruinar la investigación ni comprometer futuras pruebas. Una de las instancias clave del proceso penal es el reconocimiento de persona, en el que las víctimas o testigos identifican al presunto agresor. Si el rostro del detenido ya fue difundido públicamente, su abogado defensor puede argumentar que el reconocimiento fue inducido por imágenes mediáticas y no por un recuerdo real del hecho, lo que podría invalidar una prueba fundamental para la causa.
Por estos motivos, tapar el rostro de los detenidos no es para proteger al criminal, sino para proteger el proceso judicial y las garantías constitucionales de todas las personas. Se trata de una práctica que busca asegurar la justicia y la imparcialidad, incluso en medio de situaciones donde la opinión pública muchas veces reclama castigos anticipados.
