El Gobierno de Javier Milei continúa impulsando la concesión de la primera etapa de la Ruta del Mercosur, un proyecto que, en sus primeras fases, se muestra como un ejemplo de la estrategia de privatización de infraestructura. A pesar de que inicialmente se vendió como una gran oportunidad para la inversión privada, ninguna empresa ha querido asumir el costo de la obra sin la intervención del Estado. Como resultado, será el propio Gobierno quien financiará la ejecución de la obra.
Una de las siete empresas que ofertaron para la concesión recibirá un crédito millonario del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la gestión del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. El préstamo, que asciende a 56 mil millones de pesos, será otorgado a tasa subsidiada, lo que coloca este financiamiento por encima del presupuesto mensual de Vialidad Nacional, que invierte alrededor de 49 mil millones de pesos en todo tipo de obras en un mes.
El crédito se realizará a través de un esquema fiduciario de garantía y fondeo, lo que permitirá que el Estado cubra los costos de la obra mediante un sistema de garantías. Esto ha generado una serie de críticas, dado que la «privatización» se está financiando íntegramente con recursos públicos. Además, los 56 mil millones de pesos comprometidos en este proyecto están por encima del presupuesto anual que se destina a algunas de las principales obras de infraestructura del país.
A pesar de las críticas, el ministro Caputo defendió el modelo en su cuenta de X (antes Twitter), asegurando que la participación privada «generará ahorro al Tesoro Nacional» y permitirá que las obras se realicen «con más eficiencia». Según Caputo, el sector privado no abonará ningún canon, lo que permitiría que los procesos sean «más eficaces y transparentes». De acuerdo con el ministro, la gestión de las rutas nacionales sería autosustentable gracias a los ingresos generados por los peajes.
El monto máximo previsto es de $56.000 millones o hasta el 70% del total de la inversión que establezca el contrato de concesión y se otorga en UVA +2% con un plazo de repago de hasta 6 años con 1 año de gracia.
Sin embargo, la contradicción entre la venta del proyecto como una privatización y el financiamiento estatal ha levantado preocupación entre diversos sectores. El Estado, que debía reducir su intervención en el mercado, está financiando una obra cuyo beneficio recae en una empresa privada, a pesar de que la gestión de las rutas, según el Gobierno, debería ser autosuficiente y generar sus propios recursos a través de los peajes.
Este modelo, que ha sido criticado por muchos como una «privatización ficticia», pone en evidencia la falta de coherencia entre las políticas de ajuste fiscal del Gobierno y la inversión pública en grandes proyectos de infraestructura. Para muchos, este escenario refleja que, cuando se trata de financiar proyectos que benefician a ciertos sectores privados, el dinero no parece faltar.
Fuente: Perfil / Página12
