La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio de la denuncia sobre sus presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado, ha sumido a La Libertad Avanza en un terreno incierto a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión del economista de bajar su candidatura ha dejado varios interrogantes, tanto dentro de su espacio como en el ámbito electoral, donde el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) complica la situación.
Espert admitió públicamente haber recibido una transferencia millonaria de Machado, acusado de narcotráfico, y argumentó que su renuncia era “por el bien del espacio”. Sin embargo, el sistema electoral y los plazos administrativos no permiten que su nombre sea eliminado de las boletas ya impresas, lo que genera un dilema a nivel logístico y económico. Con más de 18 millones de boletas ya impresas, el costo de una reimpresión sería astronómico, estimándose entre 10.000 y 16.000 millones de pesos.
A pesar de la renuncia, el voto por La Libertad Avanza no se anulará. El voto se considerará válido para el espacio, pero el reemplazo de Espert podría generar controversia, debido al corrimiento previsto por la ley, que establece que la persona que lo reemplace será Karen Reichardt, actual segunda en la lista. Esto dejaría a Diego Santilli, que figura tercero, ascendiendo al segundo puesto.
El corrimiento de los puestos genera fricciones, particularmente por la exigencia del oficialismo de que el reemplazo respete la paridad de género. El artículo 7 del decreto 171/2019 establece que el reemplazante debe ser del mismo género que el candidato que se retira, lo que, en este caso, implicaría que Santilli debería ocupar el lugar de Espert, no Reichardt. Este tipo de situaciones recuerda al caso de Fernando Niembro en 2015, cuando renunció a su candidatura por el PRO tras ser denunciado por contrataciones irregulares, y el lugar fue ocupado por Silvia Lospennato, lo que también generó controversia dentro del entonces frente Cambiemos.
La discusión sobre qué hacer con las boletas sigue siendo un tema candente en la Casa Rosada. Algunos analistas y partidos opositores advierten sobre los costos financieros que implicaría una nueva impresión de las boletas, especialmente en un contexto económico tan delicado. El partido Unión Federal, que lleva como candidato a Fernando Gray, ha reclamado a la Justicia Electoral que no se proceda con la reimpresión, subrayando que ello implicaría un gasto millonario para el Estado y para las agrupaciones políticas.
La reimpresión de las boletas, de no respetarse la decisión de mantener a Espert, podría costar cerca de 15.000 millones de pesos, lo que resultaría en una erogación “injustificada” en un contexto económico ya golpeado por la crisis. El espacio opositor señala que el espíritu de la norma es claro: los gastos de impresión deben ser asumidos por el Estado, sin excepción, y no deben generar un costo adicional para las campañas o los votantes.
Mientras tanto, el escenario electoral sigue sumido en la confusión, y La Libertad Avanza se enfrenta no solo a los cuestionamientos internos y externos sobre los vínculos de su candidato con el narcotráfico, sino también a una serie de complicaciones logísticas y económicas que podrían afectar la transparencia y la eficacia del proceso electoral.
