El gobierno de Javier Milei avanza en su política de actualización de tarifas energéticas con incrementos por encima de la inflación y una progresiva eliminación de subsidios. La medida, que forma parte del esquema de ajuste del sector, vuelve a presionar sobre las economías familiares, especialmente en sectores medios afectados por la pérdida de ingresos reales.
En ese marco, este lunes se oficializó un nuevo aumento en las tarifas de distribución de gas a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas, publicadas en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Marcelo Nachón. Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir desde el 1° de abril.
La actualización redefine tanto los valores para usuarios residenciales como comerciales e incorpora un esquema de bonificaciones segmentadas, en línea con los criterios de ingresos. No obstante, el impacto final en cada factura será dispar: dependerá del nivel de consumo y de la categoría socioeconómica de cada hogar.
Para los usuarios sin subsidios, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) se ubicará en $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el conurbano. En los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superan los $91.000 mensuales en territorio porteño.
Ajuste estructural y nuevas reglas
La medida se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno que combina quita de subsidios, reconfiguración del sistema tarifario y continuidad del programa Plan Gas.Ar. En este esquema, los cuadros tarifarios deberán adaptarse al Precio Anual Uniforme (PAU), definido por la Secretaría de Energía, que actúa como referencia para trasladar el costo del gas a los usuarios.
Sobre ese valor se aplicarán los descuentos correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a sostener el acceso al consumo básico en los sectores más vulnerables.
Además, el esquema contempla la implementación de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030, que prevé aumentos mensuales consecutivos mediante índices definidos por la autoridad regulatoria.
Más presión sobre los hogares
El incremento llega en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política —dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas—, en marzo un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $213.557 a la canasta de servicios, con fuerte incidencia de la energía y el agua en el gasto total.
La nueva suba del gas, en este escenario, no sólo incrementa el costo mensual de los servicios sino que también profundiza la tensión sobre los ingresos, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la reducción de la cobertura estatal.
