En plena discusión nacional por la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, diputados de Unión por la Patria presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto que busca establecer límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa propone que las personas físicas o jurídicas extranjeras no puedan controlar más del 15% de la superficie rural, tanto a nivel provincial como dentro de cada municipio.
El proyecto fue impulsado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, junto a las diputadas Noelia Saavedra y Cintia Romero, y plantea la creación del “Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
Límites a la concentración extranjera
La propuesta establece que una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% del cupo destinado a titulares extranjeros.
Además, fija un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo, una de las regiones agrícolas más productivas de la provincia, estableciendo que ese límite podrá adecuarse según las características productivas de otras zonas bonaerenses.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el control sobre las operaciones realizadas mediante sociedades comerciales, fideicomisos y fondos de inversión.
La iniciativa plantea la obligación de identificar al beneficiario final de cada operación, con el objetivo de evitar mecanismos de triangulación, sociedades interpuestas o testaferros destinados a eludir las restricciones.
Los actos jurídicos realizados con el propósito de evadir estas disposiciones podrían ser declarados nulos.
Un registro provincial para controlar las operaciones
El proyecto también propone crear un Registro Provincial de Tierras Rurales, que concentraría la información sobre la titularidad de los inmuebles rurales.
Entre sus funciones estaría emitir certificados para las operaciones alcanzadas por la normativa y detectar aquellas transacciones que no cumplan con las restricciones establecidas.
El organismo tendría además facultades para impedir administrativamente operaciones irregulares o reclamar judicialmente su nulidad.
Protección de territorios considerados estratégicos
Otro de los aspectos destacados es la creación de las denominadas “zonas de protección territorial estratégica”.
La categoría incluiría humedales, cuencas hídricas, costas, islas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y territorios vinculados a la agricultura familiar, entre otros sectores considerados sensibles.
En esas áreas, cualquier adquisición o transferencia de tierras a favor de extranjeros debería contar con autorización previa del Estado provincial.
La Provincia podría rechazar la operación cuando considere que puede afectar el acceso al agua, la soberanía alimentaria, la producción local o favorecer procesos de especulación inmobiliaria y concentración económica.
Una discusión que trasciende la propiedad de la tierra
La presentación se produce en momentos en que el Congreso Nacional debate modificaciones al régimen de propiedad y adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El debate plantea dos posiciones diferentes: por un lado, quienes consideran que eliminar restricciones facilitaría la llegada de inversiones y otorgaría mayor libertad al mercado inmobiliario y productivo; por otro, quienes advierten que la tierra rural constituye un recurso estratégico y que su concentración en manos extranjeras puede tener consecuencias sobre la soberanía territorial, la producción y el acceso a recursos naturales.
En la provincia de Buenos Aires, el proyecto de Unión por la Patria busca avanzar precisamente en esa segunda dirección: mantener un límite del 15% y reforzar los mecanismos de control sobre la propiedad rural extranjera.
La discusión, lejos de ser solamente inmobiliaria, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿hasta dónde debe llegar la libertad de compra y venta cuando se trata de tierras, agua, producción y territorios estratégicos para el país?
