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General Las Heras

Villarruel reclamó más recursos para combatir los incendios en la Patagonia y profundizó la interna con Milei

La vicepresidenta pidió reforzar el presupuesto ambiental y propuso endurecer las penas contra quienes inician incendios, en un nuevo gesto de distancia con la política de ajuste del Gobierno nacional.

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En medio de los incendios forestales que continúan afectando a la Patagonia, la vicepresidenta Victoria Villarruel abrió un nuevo capítulo en la interna con el presidente Javier Milei, al reclamar una mayor asignación de recursos para combatir el fuego y proponer un endurecimiento de las penas contra quienes provocan los focos ígneos. El planteo se produjo en un contexto de desastre ambiental y de crecientes tensiones dentro del oficialismo.

El mensaje de Villarruel fue leído como un cuestionamiento directo a la política de ajuste que impulsa Milei sobre el área ambiental y los organismos vinculados a la emergencia, y volvió a dejar en evidencia las diferencias políticas entre el Presidente y la titular del Senado.

“Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, escribió la vicepresidenta en sus redes sociales. En ese marco, subrayó la necesidad de priorizar recursos para preservar el ambiente, mientras el fuego —cuya intencionalidad ya fue confirmada— avanza sobre parques nacionales, tierras fiscales y propiedades privadas.


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A través de su cuenta en la red social X, Villarruel describió la situación como una tragedia recurrente y señaló que las tierras son “arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”. “Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, afirmó.

Endurecimiento de penas y coordinación con las provincias

Además del reclamo presupuestario, la vicepresidenta adelantó que propondrá a los senadores una actualización del Código Penal para agravar las penas con cárcel efectiva a quienes inicien incendios. En ese sentido, sostuvo que las sanciones deben aplicarse “sin excepciones, sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología”, y remarcó: “Quien delinque debe responder”.

En el mismo mensaje, Villarruel citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y establece la obligación del Estado de protegerlo y restituirlo cuando resulta dañado, reforzando así el sustento legal de su reclamo en plena crisis ambiental.

El planteo no se limitó al aspecto penal. La vicepresidenta también reclamó una mayor coordinación entre el Estado nacional y las provincias para enfrentar los incendios, y pidió “una respuesta más eficiente y asertiva en el combate contra el fuego”. Su afirmación de que “la Patagonia es un bien de todos los argentinos” fue interpretada como una crítica indirecta al recorte de recursos impulsado por el Ejecutivo.

Un nuevo gesto de distancia con el Presidente

No es la primera vez que Villarruel, que no mantiene vínculos orgánicos con la Casa Rosada, marca diferencias con Milei. Sin mencionarlo de manera explícita, volvió a tomar distancia de las decisiones del Ejecutivo, profundizando una interna que se vuelve cada vez más visible en medio de uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años en la región patagónica.

El mensaje de Milei a los brigadistas

Las declaraciones de la vicepresidenta se conocieron luego de que el presidente Milei agradeciera públicamente el trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten los incendios. A través de un mensaje en la red social X, el jefe de Estado destacó el esfuerzo de quienes participan del combate directo contra las llamas.

“Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, escribió Milei.

El reconocimiento presidencial se dio en un escenario crítico, con epicentro en la provincia de Chubut, donde el fuego avanzó sobre bosques nativos, áreas implantadas y zonas rurales, dejando miles de hectáreas afectadas y reforzando el debate sobre el rol del Estado frente a emergencias ambientales cada vez más frecuentes.

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