El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y deroga el esquema de subsidios que se encontraba vigente desde 2018.
A partir de esta modificación, las empresas continuarán obligadas a otorgar los pasajes sin cargo contemplados por las leyes vigentes, aunque dejarán de recibir reintegros económicos del Estado nacional por esas prestaciones.
La normativa alcanza a los beneficios previstos en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, que garantizan el acceso gratuito al transporte interjurisdiccional para personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera y menores con tratamiento oncológico.
Desde el Ejecutivo argumentaron que el sistema perdió sentido tras la desregulación del transporte de larga distancia impulsada mediante el Decreto 883/2024, que habilitó a las empresas a definir libremente tarifas, recorridos y modalidades de servicio.
Según la Secretaría de Transporte, el nuevo esquema de libertad tarifaria permite a las compañías incorporar esos costos dentro de su propia estructura económica sin necesidad de asistencia estatal.
“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, sostuvo el texto oficial, que además ratificó que la CNRT continuará siendo el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos.
Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la discapacidad, que advirtieron sobre posibles dificultades en el acceso efectivo a los boletos.
El diputado nacional Carlos Castagneto cuestionó que el Estado elimine las compensaciones mientras mantiene la obligación para las empresas, y advirtió sobre el impacto que podría tener sobre los sectores más vulnerables.
En la misma línea, el exministro Daniel Arroyo sostuvo que la resolución podría afectar a miles de personas que necesitan viajar por motivos de salud, estudio o trabajo.
Desde el Gobierno respondieron que “la gratuidad se mantiene totalmente vigente” y acusaron a sectores opositores de “defender subsidios millonarios a empresas privadas”.
La medida se conoce además en un contexto de fuerte aumento en las tarifas del transporte. Un informe del Centro de Economía Política Argentina indicó recientemente que el boleto mínimo de colectivo en el AMBA acumuló subas de hasta 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El mismo estudio señaló que el peso del transporte sobre los ingresos familiares creció de manera significativa y que las diferencias tarifarias entre el AMBA y el interior se profundizaron tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior.
