Unas 1.300 hectáreas de monte nativo fueron desmontadas en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de la ruta nacional 86, en la jurisdicción de Tartagal, cabecera del departamento San Martín, en Salta. El área afectada se encuentra en una región donde viven comunidades indígenas.
La denuncia fue difundida por la organización ambientalista Greenpeace, que publicó imágenes satelitales correspondientes al 7 de julio y al 23 de septiembre de este año. En la primera se observa el monte en pie, mientras que en la segunda ya se aprecia la superficie desmontada.
Según Greenpeace, en los últimos dos meses se desmontaron más de 3.300 hectáreas de bosque en tres fincas cercanas a Tartagal, con consecuencias para los territorios y cementerios de varias comunidades wichí. Además de Tonono, los desmontes denunciados se ubican en las zonas de Alcoba y Caraguatá.
La organización identificó el área de Tonono con terrenos a nombre de Martín Morales; la zona de Alcoba, con la empresa agropecuaria Desdelsur SA, propiedad de las familias Macera y Blaquier; y el sector de Caraguatá, con Estancia Tres Lagunas SA.
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Reclaman respuestas de las autoridades
Greenpeace, la fundación Asociana y representantes legales de las comunidades indígenas solicitaron informes sobre los desmontes hace más de un mes. Sin embargo, según fuentes consultadas por Salta/12, hasta el momento no habían recibido respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, cuestionó la situación y señaló que la deforestación afecta bosques en buen estado de conservación, además del territorio y el sustento de diez comunidades wichí.
El impacto sobre la cultura y la vida de las comunidades
Basilia Pérez, referente wichí y viuda del antropólogo John Palmer, acompaña a las comunidades en sus denuncias. A través de fotografías y videos documentó panales, nidos y plantas de chaguar afectados por el avance de las topadoras.
El chaguar es una materia prima fundamental para los tejidos tradicionales del pueblo wichí. Pérez advirtió sobre la destrucción de esta vegetación y reclamó que se detenga el desmonte.
También expresó su preocupación por el avance de las máquinas cerca de las viviendas y por las consecuencias que podrían generar las fumigaciones vinculadas a las futuras cosechas.
Por su parte, Cruz señaló que el cementerio de Pozo Nuevo era una de las áreas que se habían mantenido a salvo de las máquinas, aunque ya se había abierto una picada a su lado. Las comunidades temen quedar aisladas en medio de las áreas desmontadas.
La falta de agua, otra preocupación
En la comunidad de Arenales, una de las poblaciones afectadas de la ruta nacional 86, el acceso al agua potable continúa siendo una dificultad central. Sus habitantes deben trasladarla desde unos 40 kilómetros de distancia.
A esta situación se suma la utilización de bidones que anteriormente habían contenido agrotóxicos para transportar agua. Según la información difundida, tampoco habían llegado a la zona los bidones donados por UNICEF que se esperaban para garantizar el acceso a agua segura.
Greenpeace convoca a defender los bosques
En paralelo, Greenpeace manifestó su preocupación por las posibles modificaciones a la Ley de Bosques que impulsa el Gobierno nacional, al considerar que una flexibilización de las condiciones para autorizar desmontes podría incrementar la deforestación.
La organización convocó a participar de la iniciativa “República de los siete bosques”, una plataforma que busca conformar una comunidad protectora de los bosques y mantenerse alerta ante distintas amenazas ambientales.
Las personas interesadas pueden registrarse en sietebosques.org.
Desde Greenpeace también remarcaron la necesidad de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, asumido por Argentina en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021, y reclamaron una aplicación estricta de la Ley de Bosques y medidas para impedir la destrucción de bosques nativos.
