El Gobierno nacional avanzó formalmente con uno de los cambios que ya había anticipado en materia alimentaria: envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como ley de etiquetado frontal.
La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, propone eliminar el sistema de octógonos negros que actualmente advierten sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en alimentos y bebidas.
El proyecto lleva además las firmas del vocero presidencial Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones.
Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema vigente presenta “limitaciones técnicas, regulatorias y económicas” y aseguran que terminó generando distorsiones en la información nutricional y mayores costos para la industria alimentaria.
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Entre los principales argumentos oficiales, el Gobierno cuestiona que productos con perfiles nutricionales diferentes reciban advertencias similares, lo que —según plantea el texto— simplifica la información y puede inducir a interpretaciones erróneas por parte de los consumidores.
Además, el proyecto señala que el modelo actual no contempla adecuadamente aspectos como el nivel de procesamiento de los alimentos, las porciones efectivamente consumidas ni el contexto general de la alimentación.
Otro de los puntos centrales del debate gira en torno al impacto económico del etiquetado frontal. El oficialismo asegura que las exigencias regulatorias implicaron costos elevados para las empresas, especialmente para pequeñas y medianas industrias que debieron rediseñar envases, adaptar procesos productivos y modificar líneas de comercialización.
Según el Gobierno, esta situación incluso favoreció procesos de concentración económica en beneficio de grandes compañías con mayor capacidad financiera.
La propuesta oficial plantea derogar completamente la Ley 27.642, aunque aclara que seguirán vigentes las normas generales de información nutricional contempladas en el Código Alimentario Argentino y las leyes de defensa del consumidor y publicidad engañosa.
El Ejecutivo sostiene que busca avanzar hacia un sistema de información alimentaria “más flexible, actualizado y técnicamente consistente”, adaptado a nuevos consensos científicos y estándares internacionales.
La ley de etiquetado frontal había sido aprobada en 2021 y convirtió a Argentina en uno de los países de la región en incorporar advertencias visibles en productos ultraprocesados, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales de salud.
La iniciativa ahora deberá comenzar su recorrido parlamentario en un escenario donde ya se anticipan fuertes discusiones políticas y sanitarias sobre el alcance de la medida.
El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para derogar los octógonos negros en envases y cuestionó el impacto económico y sanitario del sistema vigente, uno de los argumentos; «costos elevados para las empresas».
El Gobierno Cree Que La Ley de Etiquetado Frontal Genera Confusión y Sobrecostos y Busca Derogarla by Las Heras Noticias
