El Gobierno nacional dispuso una nueva modificación en la política sanitaria para el sector ganadero. A través de la Resolución 588/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), prohibió en todo el país la elaboración, importación, distribución, tenencia, comercialización y uso de vacunas contra la peste bovina, además de impedir el ingreso de animales vacunados contra esa enfermedad.
La medida fue publicada este lunes y entrará en vigencia a partir de este martes.
Una enfermedad erradicada
Desde el SENASA explicaron que la peste bovina es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a bovinos, búfalos y otros ungulados, provocando elevados índices de morbilidad y mortalidad y generando importantes pérdidas para la producción ganadera.
Sin embargo, recordaron que la enfermedad fue declarada erradicada a nivel mundial en 2011 y que Argentina nunca registró casos, por lo que la vacunación preventiva ya no tiene sustento desde el punto de vista sanitario.
Según el organismo, mantener el uso de estas vacunas podría dificultar la vigilancia epidemiológica, ya que los anticuerpos generados por la inmunización podrían interferir con la detección de una eventual reintroducción del virus.
Prohibiciones establecidas
La resolución dispone:
- La prohibición de vacunar contra la peste bovina en todo el territorio nacional.
- La prohibición de elaborar, importar, distribuir, almacenar, comercializar y utilizar vacunas contra esa enfermedad.
- La prohibición de importar animales vacunados contra la peste bovina.
El objetivo: fortalecer las exportaciones
Además de los argumentos sanitarios, el Gobierno sostuvo que la decisión busca consolidar el reconocimiento internacional del estatus sanitario argentino y facilitar el comercio exterior.
Desde el SENASA señalaron que la prohibición brinda mayores garantías a los mercados internacionales y permitirá simplificar las negociaciones para la exportación de carne bovina, menudencias y otros productos de origen animal.
La medida se conoce semanas después de otras modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en las políticas sanitarias del organismo, entre ellas cambios en la estrategia vinculada a la vacunación contra la fiebre aftosa, en el marco de una revisión de las regulaciones aplicadas al sector agropecuario.
