El Gobierno prorrogó las concesiones de cinco represas hidroeléctricas y avanza con su privatización

A través del Decreto 1349/2026, la administración de Javier Milei extendió hasta el 30 de abril de 2027 la operación de cinco centrales hidroeléctricas. Mientras tanto, avanza el proceso licitatorio para definir quiénes quedarán a cargo de su explotación.

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El Gobierno nacional oficializó una nueva medida dentro de su política de transferencia de activos públicos al sector privado. Mediante el Decreto 1349/2026, publicado en el Boletín Oficial, prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 los contratos de operación de cinco concesionarias de centrales hidroeléctricas.

La decisión, impulsada por la administración de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca garantizar la continuidad de la generación eléctrica mientras avanzan los procedimientos licitatorios para establecer un nuevo esquema de concesión y explotación de estas instalaciones.

La extensión de los contratos se produce luego del vencimiento de las concesiones originales, otorgadas durante la década de 1990, y forma parte del proceso de reorganización del sector energético que lleva adelante el Gobierno nacional.

Avanza el proceso de privatización

La prórroga permitirá que las actuales operadoras continúen con sus actividades hasta abril de 2027, mientras el Ejecutivo avanza con la preparación de los pliegos para una nueva licitación.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es asegurar la prestación del servicio eléctrico y establecer nuevas condiciones para la participación privada en la explotación de los complejos hidroeléctricos.

El proceso también se desarrolla en un contexto de necesidades financieras del Estado nacional, de cara a los compromisos de deuda previstos para 2027.

Cuestionamientos por el control de recursos estratégicos

La decisión generó cuestionamientos de distintos sectores políticos, gremiales y especialistas en materia energética, que advierten sobre las posibles consecuencias de transferir al sector privado la administración de infraestructuras consideradas estratégicas.

Entre las principales preocupaciones aparece el alcance que tendrá la participación estatal en el futuro esquema de explotación y el control sobre recursos vinculados con la generación de energía.

De esta manera, el Gobierno continúa avanzando con su política de concesiones y transferencia de activos públicos, mientras se define el futuro de cinco centrales hidroeléctricas fundamentales para el sistema energético argentino.

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