Como parte de su hoja de ruta hacia un Estado más chico, el Gobierno nacional avanza con la privatización de activos energéticos estratégicos, un paso más en la destrucción del Estado.
Mediante el Decreto 263/2025, se habilitó la venta de las participaciones accionarias del Estado en Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuatro de las principales centrales hidroeléctricas de la Patagonia.
La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de convocar a un Concurso Público Nacional e Internacional para llevar adelante la operación. El llamado se anuncia como competitivo y expeditivo, y apunta a transferir el paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades que operan las centrales.
Las concesiones de estas represas, otorgadas en 1993 por un plazo de 30 años, habían vencido en 2023. Durante 2024 se extendieron de manera provisoria mientras el Gobierno analizaba el futuro de estos activos.
Con esta medida, la administración de Javier Milei retoma el sendero privatizador en sectores clave, despertando alertas en ámbitos técnicos y políticos sobre las consecuencias de ceder el control de fuentes de generación hidroeléctrica en un contexto de creciente demanda energética.
Así, mientras se habla de eficiencia y desregulación, vuelve al centro del debate una vieja pregunta: ¿Qué pasa cuando el agua —y su potencia— se convierte en mercancía?
El argumento oficial se enmarca en la política de reducción del gasto público y “desregulación de la economía”, aunque diversos sectores ya comienzan a expresar reparos sobre las implicancias energéticas y soberanas de este tipo de medidas.
En medio de un contexto económico tenso y con reminiscencias de viejas recetas neoliberales, es la venta de estas hidroeléctricas reactiva una discusión de fondo: ¿Qué lugar debe ocupar el Estado en la administración de los bienes comunes?
