La escalada del conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán volvió a tener repercusiones en la economía local, particularmente en el precio de los combustibles. En ese contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó contra el presidente Javier Milei y cuestionó la política energética del Gobierno nacional.
Durante la semana, las estaciones de servicio aplicaron un nuevo incremento del 9% en el precio de las naftas, que se suma a una suba acumulada cercana al 25% desde principios de marzo. El aumento impacta de manera directa en el costo de vida y en la estructura de precios de la economía.
Kicillof criticó la decisión del Ejecutivo nacional de mantener el precio de los combustibles alineado con el valor internacional del petróleo, incluso en un contexto de conflicto bélico. “El Presidente decidió librar su propia guerra: una guerra contra el bolsillo de los argentinos”, afirmó el mandatario en una publicación en redes sociales.
El gobernador también cuestionó la falta de medidas para amortiguar el impacto del alza del crudo, que superó los 100 dólares por barril tras la operación militar denominada Epic Fury, cuando previamente se ubicaba entre los 65 y 70 dólares.
Según Kicillof, mientras otros países adoptaron políticas para contener el traslado de estos aumentos a los consumidores —como subsidios, regulaciones o impuestos extraordinarios a petroleras—, en Argentina se optó por no intervenir. “Hay guerra, el precio del petróleo se dispara y el Estado decide no hacer absolutamente nada”, sostuvo.
En ese sentido, el mandatario bonaerense planteó que el esquema actual genera una situación desigual para el país, que produce petróleo pero termina pagando precios similares a los de economías importadoras.
El debate por el precio de los combustibles se da en un escenario de alta sensibilidad inflacionaria, donde cada ajuste impacta en el transporte, los alimentos y los costos logísticos, profundizando la presión sobre los ingresos de los hogares.
Las críticas de Kicillof se inscriben en una disputa más amplia entre la Provincia y la Nación sobre el rol del Estado en la regulación de precios y la protección del poder adquisitivo frente a shocks externos.
