Miles de personas colmaron este lunes las calles de Buenos Aires en el 49° aniversario del golpe de Estado de 1976, en una movilización convocada por organismos de derechos humanos, partidos de oposición, sindicatos y movimientos sociales. Bajo la consigna «30.000 desaparecidos presentes», los manifestantes rechazaron los discursos negacionistas del gobierno de Javier Milei y exigieron profundizar las causas por crímenes de lesa humanidad.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto subió al escenario de Plaza de Mayo y lanzó un discurso por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y apuntó de manera especial a la «apropiación de bebés», que configura «una desaparición forzada», lo que tuvo lugar en gran manera durante el período que se extendió entre 1976 y 1983: «Hasta tanto no se conozca la verdadera identidad de esas personas, esto se sigue cometiendo».
«Sus familias legítimas que los buscan hace más de cuatro décadas tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad», expresó De Carlotto, al mismo tiempo que indicó que «el Estado debe garantizar la restitución de nietos y nietas».
La marcha se desarrolló en forma pacífica y sin la intervención de la Policía, que se abstuvo de aplicar un polémico protocolo de seguridad cuyo despliegue en una protesta de jubilados semanas atrás causó graves incidentes y dejo a fotorreporteo con fractura de cráneo por un disparo policial de gas lacrimógeno.
Emotivo homenaje a Madres y Abuelas
La marcha, que bloqueó el microcentro porteño, tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando las columnas corearon «Madres de la Plaza, el pueblo las abraza» al paso de las sobrevivientes de la asociación, que aún buscan a sus hijos desaparecidos. Abuelas de Plaza de Mayo recordó que restan encontrar a unos 400 nietos apropiados durante la dictadura.
Polémica por archivos y postura oficial
En paralelo a la movilización, el gobierno de Milei anunció la desclasificación total de archivos sobre los actos de las Fuerzas Armadas durante ese período, aunque el acceso a dicha documentación ya había sido habilitado en 2010 mediante el decreto 4/2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión fue vista con escepticismo por organizaciones de derechos humanos, que exigen políticas activas de memoria frente a declaraciones previas de funcionarios que minimizaron el terrorismo de Estado.
Cifras que interpelan
Según datos de organismos humanitarios, la dictadura dejó 30.000 desaparecidos, un número aún en disputa por sectores de derecha. La marcha reafirmó el reclamo de juicios a genocidas y la restitución de identidades, en un año marcado por tensiones entre el Estado y los movimientos históricos de memoria.
