En un nuevo golpe a la educación pública, el presidente Javier Milei anunció que vetará la ley de financiamiento universitario, aprobada tras meses de consenso entre diversas fuerzas políticas.
La ley, celebrada como un avance crucial para las universidades públicas que enfrentan serios problemas financieros, buscaba asegurar fondos para modernizar infraestructuras y responder al creciente número de estudiantes.
La ley fue vista como un triunfo para las universidades públicas, que enfrentan serios problemas financieros, desde el aumento de matrícula hasta la modernización de infraestructura. Sin embargo, Milei mantiene su postura de priorizar otros gastos, como publicidad y viajes al exterior, dejando de lado sectores clave como la educación y los medicamentos.
Sin embargo, el veto presidencial ha desatado una ola de críticas. Estudiantes, docentes y rectores de universidades se han manifestado públicamente, denunciando que esta medida no solo es un ataque a la educación pública, sino también un retroceso en el compromiso del Estado con la formación académica y el desarrollo integral del país. “El vetar esta ley es cerrar las puertas a miles de jóvenes que sueñan con acceder a una educación de calidad”, manifestó Laura González, presidenta de la Federación Argentina de Estudiantes Universitarios (FADEU).
