El nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional a través de la Red Federal de Concesiones marcará un cambio profundo en la estructura de los peajes del país. Con tarifas que superarán los $3.500 cada 100 kilómetros, el sistema promete una recaudación multimillonaria en los principales corredores del Mercosur, mientras que el gasto en mantenimiento representa apenas una pequeña parte de esos ingresos.
Según el plan, la iniciativa privatiza la operación y el mantenimiento de más de 9.000 km de rutas nacionales, con el argumento de mejorar la infraestructura y garantizar estándares internacionales de calidad. Sin embargo, los números muestran que la rentabilidad para las concesionarias será considerable.
En un tramo de referencia como el Rosario–Buenos Aires, de unos 300 km de autopista, habría al menos tres peajes a lo largo del recorrido. Con una tarifa de $3.563 cada 100 km, el costo total para un automóvil rondaría los $10.700 solo en peajes para unir ambas ciudades.
El flujo de tránsito en ese corredor, estimado en 20.000 vehículos diarios (ida y vuelta), dejaría una recaudación diaria de aproximadamente $213 millones, lo que equivale a más de $78.000 millones anuales.
En contraste, las cifras de mantenimiento son mucho más modestas. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción y datos oficiales, mantener toda la red vial del país, que supera los 620.000 km, requiere alrededor de USD 4.213 millones al año, es decir, unos USD 6.800 por kilómetro anual.
El plan marca un giro tras el «obra pública cero» inicial de Milei, pero genera escepticismo: ¿serán suficientes los peajes para reparar rutas en crisis sin subir precios exponencialmente? Siete empresas pujaron por el puente Rosario-Victoria, pero el Estado terminó financiando obras con un crédito de $56.000 millones del Bice, contradiciendo la promesa de «cero gasto público». Mientras, gremios de Vialidad protestan por despidos (más de 500 en Crusa) y el riesgo de monopolios privados.
La disparidad entre los ingresos proyectados y los costos operativos abre interrogantes sobre la transparencia, el destino de los fondos y el control estatal en la nueva etapa de concesiones. En los próximos meses, el esquema comenzará a aplicarse progresivamente en los corredores más transitados del país, consolidando un modelo de financiamiento privado para la red vial argentina.
Fuente: Rosarioplus
