En un giro inesperado, Javier Milei, presidente de Argentina, utilizó la cadena nacional para anunciar el “Plan Nuclear Argentino”, un proyecto que, según explicó, será fundamental para convertir al país en un “polo regional de innovación” liderado por la Inteligencia Artificial. La propuesta, que será detallada el próximo 20 de diciembre por su asesor Demian Reidel, llega en un contexto marcado por decisiones contradictorias que han debilitado el sector nuclear desde su asunción.
La gestión libertaria ha sido cuestionada por paralizar dos obras clave para el desarrollo nuclear: los reactores Carem y RA-10, cuyos avances estaban en etapas finales antes de la suspensión. Además, el gobierno desfinanció los organismos de ciencia y tecnología encargados de gestionar estos proyectos, mediante una subejecución de los fondos asignados por la Ley de Financiamiento.
En dialogo con Página/12, Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), calificó el anuncio como una contradicción flagrante. “Milei hace un anuncio de un plan nuclear que en realidad ya existía. Todo lo que menciona ya está en marcha y, de hecho, lo están intentando suspender”, señaló. La experta alertó sobre las consecuencias de las renuncias y jubilaciones forzadas, motivadas por salarios insuficientes, que resultan en la pérdida de personal altamente capacitado. “El personal que se va, luego no se recupera. Hay un desconocimiento completo de cómo funciona el ecosistema científico-tecnológico, y en particular el nuclear”, enfatizó.
Por otra parte, la situación de empresas estatales estratégicas agrava las incertidumbres del sector. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 obliga a sociedades como Invap a transformarse en sociedades anónimas, lo que genera dudas sobre su futuro. A esto se suma la incertidumbre respecto a ENSI, la compañía que gestiona la planta de agua pesada, y Dioxitek, responsable de importar el uranio para abastecer las centrales nucleares. Incluso Nucleoeléctrica Argentina enfrenta un posible proceso de privatización parcial, sin detalles claros sobre su alcance.
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La verdad es que no se entiende qué se pretende impulsar con un nuevo plan. Lo que se debería hacer es sostener una política de Estado, no desmantelar lo que ya se construyó”, agregó Serquis.
La gestión libertaria suspendió la construcción de los reactores Carem y RA-10, cuyas obras estaban cerca de finalizarse; desfinanció los organismos de ciencia y la tecnología que los gestionaban, a partir de una subejecución presupuestaria (fondos que estaban asignados por la Ley de Financiamiento); y provocó la caída del poder adquisitivo de muchos profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que, a partir de sus magros salarios, buscan opciones en otras latitudes.
Para completar el panorama, más de 600 personas fueron despedidas en las compañías tercerizadas que participaban de la construcción de los reactores, y la CNEA acumula deudas millonarias con sus contratistas. Nucleoeléctrica, la empresa que opera las centrales Atucha I, II y III, está siendo sometida a un proceso de privatización, que nadie tiene muy en claro cómo sigue.
La ciencia y la tecnología no son carrozas que se encienden con decretos. Requieren continuidad, inversión y talento humano capacitado. Hoy, el gobierno quiere construir sobre ruinas que él mismo se encargó de generar.
