La disputa judicial entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. Luego de que la administración de Javier Milei presentara una demanda ante la Corte Suprema contra un artículo de la Ley de Presupuesto bonaerense 2026, el Gobierno de Axel Kicillof salió a defender la medida y cuestionó la decisión de la Nación.
El conflicto gira en torno al artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, que establece que las empresas estatales de la provincia de Buenos Aires deben realizar sus aportes patronales al Instituto de Previsión Social (IPS) y no a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como ocurría anteriormente.
La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de esa disposición y suspenda su aplicación, al considerar que modifica el destino de los aportes previsionales.
La respuesta de la Provincia
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la constitucionalidad de la norma y sostuvo que corresponde que las empresas públicas provinciales aporten al sistema previsional bonaerense.
«Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la caja provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial», afirmó el funcionario.
Bianco aseguró además que el Gobierno nacional impulsa la demanda porque «no se quiere quedar sin los fondos» y sostuvo que la postura oficial contradice antecedentes mantenidos por la propia ANSES.
Según explicó, en situaciones similares el organismo nacional ha avalado que empresas u organismos estatales provinciales realicen sus aportes a las cajas previsionales de sus respectivas provincias.
Acusaciones de motivación política
El ministro también interpretó la presentación judicial como parte de una estrategia política del Gobierno nacional para obstaculizar la gestión de la administración bonaerense.
En ese sentido, vinculó la demanda con otros conflictos institucionales entre ambas administraciones, como la demora en la autorización de avales para acceder a financiamiento internacional y la falta de diálogo político con funcionarios nacionales.
Un conflicto que suma demandas cruzadas
Con esta presentación, el Gobierno nacional inició su primera ofensiva judicial contra la provincia de Buenos Aires, mientras que la administración de Axel Kicillof ya acumula ocho demandas presentadas ante la Corte Suprema por distintos conflictos con la Nación.
Ahora será el máximo tribunal el encargado de resolver la constitucionalidad del artículo cuestionado y definir el futuro de los aportes previsionales de las empresas estatales bonaerenses.
