La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la venta de un terreno perteneciente a la Armada Argentina en Ushuaia volvió a instalar el debate sobre el destino del patrimonio estratégico del Estado y el alcance del proceso de venta de bienes públicos impulsado por la administración del presidente Javier Milei.
Mediante la Resolución 101/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Poder Ejecutivo autorizó la desafectación de un predio de 2.939 metros cuadrados perteneciente a la Base Naval Ushuaia para incorporarlo al programa de enajenación de inmuebles estatales.
El terreno está ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en un sector próximo a la planta Orión. Según el expediente administrativo, el Ministerio de Defensa informó que el inmueble no tenía una utilización prevista y fue declarado «innecesario» para el servicio.
Sin embargo, la medida despertó preocupación dentro de distintos sectores vinculados a las Fuerzas Armadas, donde consideran que la venta forma parte de un proceso más amplio de desprendimiento de activos militares y cuestionan el criterio utilizado para definir qué bienes dejan de ser estratégicos para el Estado.
Ushuaia: una ubicación estratégica para la Argentina
La preocupación no se limita al terreno en cuestión. Ushuaia constituye uno de los puntos geopolíticos más sensibles del país. Desde allí se proyecta gran parte de la presencia argentina sobre el Atlántico Sur, la Antártida y las vías de navegación que comunican los océanos Atlántico y Pacífico.
La ciudad es sede de la principal Base Naval del país con acceso directo al extremo sur del continente y cumple un papel clave en el apoyo logístico de las campañas antárticas, la vigilancia de los espacios marítimos, la protección de los recursos pesqueros y el sostenimiento de la presencia argentina en una región donde convergen intereses estratégicos de distintas potencias.
Especialistas en defensa sostienen que el valor de los inmuebles militares no debe medirse únicamente por su utilidad inmediata o su precio de mercado. En muchos casos forman parte de una planificación estratégica de largo plazo vinculada a la soberanía, la logística y la capacidad operativa del Estado.
En un escenario internacional donde el Atlántico Sur cobra creciente importancia por sus recursos naturales, las reservas energéticas, la biodiversidad marina y la proyección hacia la Antártida, distintos analistas consideran que preservar infraestructura militar en esa región constituye una política de Estado.
Agustín Rossi: «La pérdida es irreversible»
Las críticas también llegaron desde el ámbito político. El exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó la decisión del Gobierno y reclamó explicaciones del actual ministro de Defensa, Luis Petri, ante el Congreso.
PRESTI TIENE QUE RENDIR CUENTAS EN EL CONGRESO 🏛️🇦🇷
El Gobierno nacional avanza con la venta de inmuebles estratégicos de la Defensa y las Fuerzas Armadas. Su pérdida es irreversible.
La contradicción es evidente: con el presupuesto de Defensa más bajo de las últimas décadas,… pic.twitter.com/L4qX55gkv3
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) July 14, 2026
Un debate que excede una operación inmobiliaria
Desde el Gobierno sostienen que la política de desafectación busca optimizar el patrimonio estatal, reducir costos de mantenimiento y destinar aquellos inmuebles sin uso específico a procesos de venta o concesión.
Sin embargo, la decisión volvió a abrir un debate histórico sobre cuál debe ser el rol del Estado en la preservación de activos vinculados a la Defensa Nacional y si determinados bienes, aun cuando hoy no tengan un uso operativo inmediato, deben conservarse por su valor estratégico para las próximas décadas.
La discusión se produce en un contexto en el que el Gobierno también impulsa procesos de privatización de empresas públicas y concesiones de infraestructura estratégica, lo que alimenta el debate sobre los límites entre la administración eficiente del patrimonio estatal y la preservación de recursos considerados fundamentales para la soberanía nacional.
Más allá del destino de este terreno en particular, el caso Ushuaia reabre una pregunta de fondo: ¿qué bienes del Estado pueden venderse y cuáles, por su importancia geopolítica y estratégica, deberían preservarse como patrimonio permanente de la Nación?
Fuente: Clarín
