El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa de su estrategia económica con un objetivo claro: asegurar los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda hasta el final del mandato del presidente Javier Milei.
El programa financiero 2026-2027, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, combina emisiones de deuda, préstamos de organismos internacionales, colocaciones en el mercado local y un ambicioso plan de privatizaciones que volverá a poner en el centro del debate el futuro de empresas consideradas estratégicas para el Estado argentino.
Según las proyecciones oficiales, el Ejecutivo espera obtener alrededor de USD 800 millones en privatizaciones durante 2026 y USD 1.500 millones en 2027, recursos que serán destinados al financiamiento del programa financiero y al cumplimiento de los compromisos de deuda.
Entre los activos que el Gobierno analiza transferir al sector privado aparecen empresas y organismos de relevancia nacional.
La operación más avanzada corresponde a Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), donde el Estado buscaría desprenderse del 90% de la compañía. También figuran en la lista Belgrano Cargas, Intercargo, Tandanor, Casa de Moneda y las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y General San Martín, valuadas en alrededor de 400 millones de dólares cada una.
En el caso de Belgrano Cargas, el plan oficial contempla dividir la actividad mediante concesiones de vías ferroviarias, venta de locomotoras y vagones y alquiler de talleres ferroviarios.
Durante la presentación del programa, Caputo aseguró que Argentina ya se encuentra en condiciones de regresar a los mercados internacionales de crédito, aunque aclaró que una nueva emisión de bonos será una alternativa y no una necesidad inmediata.
El ministro sostuvo que el objetivo es acceder al financiamiento internacional con tasas significativamente menores a las que enfrentaba el país meses atrás y afirmó que la reducción del riesgo país permitirá disminuir el costo de la deuda y sostener el equilibrio fiscal.
El programa prevé cubrir necesidades financieras por USD 19.200 millones durante 2026, mientras que las fuentes de financiamiento proyectadas alcanzarían USD 22.900 millones, generando un excedente estimado en USD 3.700 millones que serviría como respaldo para afrontar parte de los vencimientos de 2027.
Para el año electoral, el Gobierno proyecta reunir USD 24.900 millones, provenientes de emisiones locales, desembolsos del Fondo Monetario Internacional, créditos de organismos multilaterales, renovación de deuda pública y privatizaciones.
Un debate que trasciende lo económico
La decisión de avanzar con nuevas privatizaciones reabre una discusión histórica en la Argentina sobre el rol del Estado en sectores considerados estratégicos.
Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada permitirá atraer inversiones, reducir el gasto público y mejorar la eficiencia de los servicios, distintos sectores políticos, sindicales y académicos advierten que la venta de empresas vinculadas al agua potable, la infraestructura ferroviaria, la producción de energía y otros activos estratégicos puede reducir la capacidad del Estado para intervenir en áreas sensibles para el desarrollo nacional.
En ese contexto, el debate vuelve a enfrentar dos modelos de país: uno que prioriza la apertura económica y la reducción de la participación estatal, y otro que considera que determinados recursos y empresas deben permanecer bajo control público por su importancia para la soberanía económica y el interés nacional.
Con el cronograma financiero ya presentado, las privatizaciones aparecen como una de las principales herramientas elegidas por el Gobierno para obtener divisas y garantizar el cumplimiento de los pagos de deuda durante los próximos dos años. Su concreción dependerá tanto del interés de los inversores como del respaldo político y legislativo que logre reunir la administración nacional.
