El 9 de julio de 1816 no fue simplemente la firma de un documento. Fue un acto de rebeldía política. Los congresales reunidos en Tucumán comprendieron que ningún pueblo puede llamarse libre mientras otro poder decida sobre su destino. Por eso declararon la independencia «de toda otra dominación extranjera», una frase que conserva una vigencia extraordinaria más de dos siglos después.
Aquella decisión no terminó con las amenazas sobre la soberanía. Solo cambió el escenario donde esas disputas se desarrollan.
En el siglo XIX la dominación se ejercía mediante ejércitos y coronas. En el siglo XXI, muchas veces adopta otras formas: la dependencia financiera, el condicionamiento económico, la concentración de recursos estratégicos o la influencia de grandes corporaciones sobre decisiones que afectan a los Estados nacionales.
Por eso el 9 de Julio no debería reducirse a un desfile, una escarapela o un acto escolar. Es, sobre todo, una invitación a preguntarnos qué significa hoy ser un país verdaderamente independiente.
En los últimos meses, las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei han reavivado ese debate. El oficialismo sostiene que la apertura económica, la desregulación y la participación del capital privado son herramientas para atraer inversiones y generar crecimiento. Quienes cuestionan ese rumbo advierten, en cambio, que determinadas privatizaciones, concesiones o cambios regulatorios podrían debilitar la capacidad del Estado para administrar áreas consideradas estratégicas y favorecer una mayor presencia de intereses privados —incluidos capitales extranjeros— en sectores clave de la economía.
La discusión excede a un gobierno. Forma parte de una vieja tensión de la historia argentina: cuánto debe decidir el mercado y cuánto debe preservar el Estado en nombre del interés nacional.
La energía, el agua, los minerales críticos, la producción de alimentos, las rutas, los puertos, las centrales de generación eléctrica, el conocimiento científico y la tierra no son solamente activos económicos. Para muchos representan instrumentos fundamentales de la soberanía nacional, porque condicionan la capacidad de un país para diseñar su propio proyecto de desarrollo.
La historia argentina ofrece numerosos ejemplos de ese debate. Desde la nacionalización de los ferrocarriles hasta la recuperación de YPF, pasando por las discusiones sobre la deuda externa, los puertos o las vías navegables, cada generación ha debido responder la misma pregunta: ¿quién controla los recursos sobre los que se construye el futuro del país?
No se trata de rechazar toda inversión extranjera ni de negar la importancia del comercio internacional. Argentina necesita integrarse al mundo, atraer inversiones y generar empleo. Pero integración no significa renunciar a la capacidad de establecer las reglas bajo las cuales se desarrollan esas actividades. El desafío consiste en equilibrar apertura económica con preservación del interés nacional.
Los hombres de Tucumán no lucharon únicamente para cambiar una bandera. Lucharon para que las decisiones fundamentales fueran tomadas por los propios argentinos y no impuestas desde otro lugar.
Dos siglos después, esa idea sigue interpelándonos.
La independencia no es una pieza de museo. Es una responsabilidad colectiva.
Cada generación debe preguntarse qué está dispuesta a hacer para preservar la libertad de decidir su propio destino.
Porque la soberanía no se hereda.
Se ejerce.
Y también se defiende.
