En un contexto marcado por un año de aumentos significativos en las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno Nacional decidió prorrogar la emergencia energética mediante el Decreto 1023/24. Firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, el documento extiende la medida, inicialmente vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, hasta julio de 2025.
La emergencia energética, declarada originalmente el 16 de diciembre de 2023, abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, así como el transporte y distribución de gas natural. El objetivo principal de esta declaración es garantizar la continuidad de los servicios en un sector que enfrenta desafíos estructurales y financieros.
Según se argumentó en la norma, todavía «persisten las circunstancias» que motivaron la primera declaración de la emergencia. En este sentido, «resulta indispensable y urgente» extender la iniciativa para seguir «adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos», completaron.
Esta declaración tiene tres consecuencias directas que impactan tanto en las empresas del sector como en los usuarios. Es que ambos actores dependen del Gobierno Nacional para establecer los cuadros tarifarios y el esquema de subsidios, entre otros detalles.
Sin embargo, la falta de un presupuesto aprobado para 2025 añade una capa de incertidumbre a la ya complicada situación. La extensión del estado de emergencia no solo refuerza la preocupación en los actores del sector energético, sino también en los usuarios, quienes han sufrido el impacto directo de los aumentos tarifarios durante el último año.
La ausencia de un plan financiero concreto para el próximo año genera interrogantes sobre la capacidad del Estado para sostener el suministro energético y mitigar el impacto en los costos finales. Por su parte, analistas señalan que la prolongación de la emergencia podría traducirse en un periodo de inestabilidad prolongada, afectando tanto a empresas como a hogares.
La medida también reaviva el debate sobre las políticas energéticas del gobierno de Milei, quien prometió reformas estructurales durante su campaña. Aunque la extensión busca garantizar la operatividad del sistema, para muchos, la falta de claridad sobre el futuro del sector profundiza el malestar social.
Con el presupuesto 2025 aún en «stand by», lo único seguro parece ser la continuidad de una política de emergencia que ya se extiende por más de un año y medio. La gran pregunta que persiste es si esta estrategia será suficiente para estabilizar el sector o si representará, una vez más, un paliativo temporal en medio de la crisis.
